Cinco aspirantes del Instituto Técnico Superior de Sanidad Militar fueron detenidos tras una denuncia de abuso físico contra un joven del primer curso, quien pidió ser desvinculado de la institución.

Además, tres oficiales que debían haber controlado la situación fueron detenidos por 90 días, aunque ya recuperaron su libertad.

Los presuntos agresores mantienen una huelga de hambre mientras avanzan las investigaciones, las cuales, según sus familiares, es una completa farsa.

A través de un comunicado, familiares de los aspirantes de la Sanidad Militar, quienes actualmente están sometidos a prisión preventiva hace más de cinco meses, manifiestan cuanto sigue:

Denunciamos públicamente la alta corrupción imperante en los Tribunales Militares, que, en vez de garantizar justicia imparcial, han convertido la privación de libertad en un instrumento de presión y chantaje.La actual prisión preventiva de los jóvenes aspirantes no responde a razones jurídicas ni probatorias, sino a la arbitrariedad de autoridades que, al no cumplirse con sus exigencias indebidas, proceden a restringir ilegítimamente la libertad de inocentes. Resulta una vergüenza para las Fuerzas Armadas de la Nación que se solicite dinero a las familias para investigar un hecho, y más aún, que se acusen cobardemente a inocentes con el único fin de sostener una farsa por capricho del Ministro de Defensa. Ponemos en conocimiento de las autoridades competentes nacionales e internacionales y de la opinión pública que los actuales actos de la Justicia Militar configuran una persecución inhumana y degradante, contraria a los principios de justicia, igualdad y respeto a los derechos humanos. Advertimos que cualquier atentado contra la vida, salud o integridad de los aspirantes y sus familiares será de responsabilidad directa del Presidente del Tribunal Militar y del Fiscal General Militar, quienes, sabiendo de esta situación, han omitido tomar medidas correctivas.

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En otro parte del texto, dejan firme sus exigencias:

La inmediata libertad de los aspirantes inocentes. El cese de toda práctica corrupta y persecutoria dentro de la Justicia Militar. La intervención de organismos de derechos humanos y de control institucional para garantizar un proceso justo.