La abogada y experta en derechos humanos, Diana Vargas, advirtió que el Estado paraguayo sigue sin priorizar la reinserción social de las personas privadas de libertad al no destinar recursos a programas de reeducación y reintegración en el presupuesto. Según detalló la profesional, el Ministerio de Justicia proyectó para 2025 un presupuesto de 18.000 millones de guaraníes dirigido únicamente al pago de salarios, contratación de personal, alimentos y combustibles, sin contemplar fondos para iniciativas orientadas a la preparación de los internos para su vida fuera de prisión.

Ausencia de programas de reintegración

“Al revisar el detalle presupuestario vemos que, en el componente de atención a personas condenadas, solo se han previsto recursos humanos, alimentación y combustibles. No hay ningún guaraní destinado a programas de reintegración, pese a que es una obligación constitucional que el fin del encierro sea la reinserción”, enfatizó Vargas.

La escasez de programas estatales obliga a depender de iniciativas impulsadas por iglesias o privados, que, si bien resultan valiosas, son limitadas y no siempre garantizan derechos laborales fundamentales. Esta ausencia de políticas eficaces, advierte Vargas, perpetúa el círculo de reincidencia.

“Las cárceles así se convierten en fábricas de violencia. La experiencia internacional demuestra que la falta de oportunidades y el abuso dentro del sistema solo potencian organizaciones criminales”, sostuvo

Agravantes de la crisis penitenciaria

La experta recuerda además que la crisis penitenciaria se agrava debido al hacinamiento y a que la mayoría de la población reclusa está en condición de procesada, no condenada; apenas 3 de cada 10 varones adultos cuentan con condena firme. Ante este panorama, Vargas lamenta que la falta de iniciativas integrales de reinserción facilite la reincidencia y la violencia, tanto dentro de los penales como en la sociedad.

Finalmente, la especialista instó al Estado a asumir su responsabilidad y dejó un mensaje claro.

“Lo que no está en el presupuesto no existe en la política pública. El Estado prioriza otras áreas y desatiende la realidad de miles de jóvenes que terminan condenados porque el sistema les ha dado la espalda”, concluyó.