"Es un registro que sigue siendo impreciso y que no recoge la totalidad del acceso que puede haber en el país", dijo a EFE Liudmila Morales, profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Ecuador y quien presenta este martes en un conversatorio el informe 'Interrupción voluntaria del embarazo por violación: ¿Cómo ha respondido el sistema de salud ecuatoriano?'.

Las autoras utilizan datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y del Ministerio de Salud (MSP) para intentar reconstruir la respuesta institucional a la implementación del marco normativo y operativo del aborto por violación, aunque los registros están incompletos, pese a que la ley que regula el acceso al procedimiento, aprobada en 2022, y sus lineamientos (2023), establecieron obligaciones concretas sobre este tema.

El primer obstáculo con el que se encontraron - explicó Morales - es que el país no ha registrado por separado en las altas hospitalarias los abortos por causales, ya que la categoría de 'aborto médico' agrupa las interrupciones del embarazo por violación y aquellas realizadas para evitar un peligro para la vida o la salud de la embarazada.

Los lineamientos determinan que estos casos tienen un código al que se le agrega otro relacionado con la violencia sexual, pero en 2022, dentro de los egresos hospitalarios por aborto médico del MSP no se encontró ningún caso registrado de esa manera.

 En 2023 y en 2024 se encontró uno en cada año, y en 2025, hasta septiembre, solo se habían registrado dos.

Por esta razón, las cifras de aborto médico se convierten en la única aproximación posible a las interrupciones por casos de violación.

Las altas hospitalarias por aborto médico registrados por el INEC, que tiene datos del sector público y privado, alcanzaron su cifra más baja desde 2015 en 2022 (541), año en el que entró en vigencia la ley sobre casos de violación, y posteriormente fueron creciendo levemente hasta alcanzar los 616 en 2024.

Esa caída, según se detectó en el informe, se debió a que los datos de aborto médico del sector privado casi desaparecieron de los registros, al pasar de 331 a 49 casos.

"Posiblemente esos abortos médicos se siguen realizando en el sector privado, pero no se están registrando, entonces ya ahí hay un problema", señaló Morales.

Por su parte, los datos del Ministerio de Salud muestran un aumento de las solicitudes de aborto por violación, pero el registro no permite establecer si un requerimiento fue resuelto y si se completó dentro de un establecimiento público, ya que también hay un alza en casos derivados, lo que, según el informe, implica que "las víctimas de violencia sexual debieron pasar al menos dos filtros de atención".

Además, la información evidencia desigualdades territoriales, ya que el aborto médico se concentra en el ámbito urbano, y hay un crecimiento acelerado de la objeción de conciencia, especialmente la costa del país.

Morales señaló que esta ausencia de datos impide realizar un diagnóstico claro sobre cómo están funcionando los plazos (12 semanas) y las rutas de atención, lo que a su vez provoca que las autoridades no puedan realizar cambios y ajustes y formular políticas públicas basadas en evidencia.