En estos tres años de Santiago Peña se destacan varios logros a nivel económico que tienen que ver con el crecimiento económico, el grado de inversión y algunas reformas legales, pero también el Gobierno ha lidiado con ciertos tropezones que restaron brillo; el principal tiene que ver con la gestión financiera pública, y que seguirá siendo el principal desafío para los dos años que le quedan a este Gobierno, en medio de la presión de los procesos electorales en puertas.

Humberto Colmán, economista jefe de Dende (Desarrollo en Democracia), —exviceministro de Hacienda y exdirector del Banco Central del Paraguay (BCP), planteó que el mayor desafío del actual Gobierno está en el frente fiscal y, en particular, en la administración financiera del Estado.

Según manifestó, la preocupación no es solo por el tamaño del déficit, sino la señal institucional que envía un manejo presupuestario errático en un país que, durante dos décadas, construyó parte de su reputación económica sobre la idea de disciplina fiscal.

“El peor periodo” en gestión financiera pública desde 2003

Colmán fue tajante al describir que los últimos años constituyen “los peores” en materia de manejo financiero público. “Yo creo que este último periodo que hemos tenido en estos años ha sido, y me animaría a decir, el peor periodo en cuanto al manejo o la gestión financiera pública, desde el 2003 en que conseguimos manejar mejor financieramente el Estado” indicó Colmán en entrevista a la 1020. Asimismo, indicó que espera que esta situación no traiga en el futuro complicaciones con las calificadoras que evalúan el riesgo país.

En particular, señaló que el deterioro en la gestión financiera podría traducirse, “cuando menos”, en un cambio de perspectiva ante próximas revisiones de las calificadoras de riesgo. Por lo que ratificó la importancia en el cumplimiento de la meta fiscal, que ahora se extendió para el 2028. O sea, para ese año, el Gobierno estima volver al límite de déficit presupuestario establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal en 1,5% del producto interno bruto (PIB).

Tras reconocer el Gobierno actual que nuevamente no llegarán este año a la meta, ahora esperan cerrar este 2026 con un déficit del 3,2% y del 3,9% para el 2027.

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Dudas sobre cumplimiento de nueva fiscal

La preocupación de Colmán se concentra en el proceso de convergencia fiscal. El economista afirmó que el año pasado ya hubo un incumplimiento —aunque pequeño— con una diferencia de 0,1 punto. Y anticipó que este año “va a ser peor”, lo que, a su juicio, expone un patrón: “mal manejo presupuestario” y “mala gestión”.

En ese contexto, cuestionó la viabilidad de una convergencia “abrupta” hacia un déficit de 1,5% en 2028, especialmente porque ese objetivo coincide con un año electoral.

Ante ese panorama, el economista propuso presentar la propuesta al Congreso, discutirla y aprobarla por ley, para despejar la incertidumbre sobre el rumbo y, sobre todo, sobre cómo se financiarán los gastos futuros.

En su visión, la discusión no puede quedar en señales contradictorias ni en metas que luego se incumplen: la credibilidad fiscal –sugiere– depende tanto de números como de reglas claras y capacidad de ejecución.

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Políticas sociales costosas con dudas en sostenibilidad

En el apartado social, destacó programas como Hambre Cero y la ampliación de la pensión universal para adultos mayores, que describió como políticas importantes pero “costosas”.

Su cuestionamiento apuntó al modo de implementación: sostuvo que se habrían asumido gastos permanentes con recursos esencialmente nacionales, lo que —en su interpretación— plantea dudas de responsabilidad fiscal para sostenerlos en el tiempo.

Reformas institucionales

El economista Humberto Colmán enmarcó su análisis en una serie de cambios normativos e institucionales adoptados recientemente, algunos de los cuales describió como reformas y otros como simples “actualizaciones”. Entre los ejemplos mencionó:

La creación o reconfiguración del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), con la absorción de la Secretaría Técnica de Planificación.Cambios vinculados a la IGJ.La superintendencia de pensiones, aún sin resultados visibles, según su evaluación.

Sin embargo, Colmán sostuvo que el rediseño institucional no necesariamente se tradujo en mejoras operativas. En el caso del MEF, propuso “evaluar” si el nuevo esquema logra la promesa de una estructura más eficiente: como evidencia en sentido contrario, mencionó atrasos importantes en pagos a proveedores, que atribuyó a falta de planificación y, en particular, a mala planificación presupuestaria.

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La Caja Fiscal, uno de los fracasos más importantes

Otro punto subrayado por el economista fue el desempeño de la Caja de Jubilaciones del sector público o Caja Fiscal, que, según su evaluación, “no salió como se vio inicialmente”. La calificó como uno de los fracasos más importantes, porque el resultado apenas ofrece un alivio pequeño y el déficit “va a volver a florecer” con fuerza hacia adelante.

El déficit de la Caja Fiscal fue de G. 1,31 billones (aproximadamente US$ 216 millones) durante el primer semestre de 2026, y esto a pesar de la reforma previsional que rige desde abril del presente año. Este desequilibrio ocurre porque los aportes de los funcionarios activos no alcanzan para cubrir los pagos a los jubilados y pensionados, obligando al Tesoro Público a financiar el faltante con recursos de los impuestos.

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Recaudación: mejoras con matices y factores externos

Colmán reconoció señales de mejora en la recaudación, que vienen como consecuencia en parte de lo que fue una reforma en 2019 y sigue influyendo en la dinámica actual, y además mencionó otros elementos de coyuntura regional que, en su visión, ayudan a explicar fluctuaciones. Como ejemplo citó el efecto del gasto asociado al contrabando desde Argentina, que —según describió— tiende a volcarse en pagos informales y que termina impactando en la recaudación, aunque en un menor ritmo en un tiempo reciente, por las medidas adoptadas en el vecino país.

En ese marco, remarcó que también deberían observarse mejoras en controles, sugiriendo que parte del desafío no es solo normativo sino de capacidad efectiva del Estado para fiscalizar y administrar.

Cambios que todavía no muestran impacto

Una parte central de su crítica apunta a reformas que, si bien están instaladas en el plano institucional, aún no exhiben resultados concretos. Además de la Superintendencia de Pensiones, mencionó el caso de la Ley del Servicio Civil, donde —según explicó— el enfoque habría cambiado hacia una aplicación más centralizada, con principios generales que las instituciones deben cumplir y procesos de concurso.

Pese a esa arquitectura, Colmán sostuvo que el problema del gasto salarial rígido persiste: afirmó que sigue creciendo “bastante por encima de la inflación”, una tendencia que tensiona el presupuesto y reduce márgenes de maniobra.

Incentivos a la inversión

Colmán también se refirió a actualizaciones normativas relacionadas con regímenes de incentivo a la inversión, como maquila y Ley 60/90. Según precisó, estos ajustes son relevantes porque fortalecen procesos de evaluación, pero aún así, observó la falta de una mirada sistemática de evaluación de impacto sobre estas políticas, es decir, medir con evidencia si cumplen sus objetivos y a qué costo fiscal o económico.