"Estos acusados llevaron a cabo un plan calculado que se aprovechaba de la confianza, el miedo y la vulnerabilidad, dejando a su paso un daño duradero", afirmó en un comunicado Héctor Ramírez, fiscal federal en funciones del Distrito de Puerto Rico.

Según un comunicado difundido por las autoridades, ambos presuntamente dirigían una trama internacional de "sextorsión con fines económicos, en la que conspiraron para cometer, y de hecho cometieron, acoso cibernético y amenazas de muerte".

En este contexto, los acusados fueron detenidos en República Dominicana el 19 de agosto de 2026, a petición de Estados Unidos, y extraditados a Puerto Rico el 30 de septiembre de 2026.

"La sextorsión es un delito despiadado, y el proceso judicial de hoy deja claro que quienes se aprovechan de las víctimas, por mucho que se escondan, serán identificados, perseguidos y llevados ante la justicia", añadió Ramírez.

Los acusados, que operaban desde República Dominicana, identificaban a las víctimas y las sometían a sextorsión a través de Facebook, WhatsApp y otras redes sociales.

Almonte utilizaba su imagen para animar a las víctimas de Puerto Rico a compartir en Internet fotos y vídeos de carácter sexualmente explícito.

Posteriormente, Díaz y otros cómplices extorsionaban a las víctimas para que enviaran dinero bajo la amenaza de divulgar las imágenes comprometedoras a sus familiares y amigos.

En algunos casos, los acusados creaban montajes fotográficos combinando las imágenes sexualmente explícitas de las víctimas con imágenes de menores, dando así la falsa impresión de que las víctimas mantenían relaciones sexuales con menores.

En múltiples ocasiones, las víctimas pagaron las cantidades exigidas, vaciaron sus cuentas, y aun así los acusados cumplieron sus amenazas y difundieron las imágenes sexuales de las víctimas entre su red de amigos y familiares en Internet.

Por su parte, Carlos R. Goris, agente especial al mando de la oficina del FBI en San Juan, remarcó que "en el entorno digital actual, en constante cambio, los delincuentes desarrollarán formas creativas de seleccionar a sus víctimas y aprovecharse de ellas".

Los acusados comparecieron por primera vez ante el tribunal el 1 de octubre de 2026, ante el juez magistrado federal Marcos E. López, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de cinco años de prisión.