Durante su intervención en la audiencia virtual que evalúa un hábeas corpus a favor del exmandatario, Castillo dijo a los magistrados que "es totalmente falso" que se levantó en armas el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido en flagrancia por su propia escolta presidencial tras emitir un mensaje a la nación en el que ordenaba el cierre del Congreso, entre otras medidas.

Castillo preguntó al Segundo Juzgado Constitucional de Lima si fue detenido antes o después de que el pleno del Congreso aprobara su destitución del cargo de presidente de la República, lo cual ha puesto en duda su propia defensa para demostrar la presunta inconstitucionalidad de su captura.

"¿Cuál es el motivo de tenerme acá (en prisión), no hay flagrancia. Exijo que se otorgue mi libertad inmediata", expresó el exmandatario a los magistrados.

El abogado de Castillo, José Domingo Pérez, agregó que no es exigible que el procesado tenga una sentencia firme para revisar este caso, dado que la condena de 11 años y 5 meses dictada contra el expresidente por conspiración para una rebelión está en proceso de apelación.

La Policía detuvo a Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, minutos después de su fallido intento de golpe de Estado, en el que dio un mensaje a la nación para cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura, con tal de evitar un probable nuevo intento del Legislativo para destituirle tras aparecer indicios de corrupción que lo implicaban directamente a él.

Su propia escolta lo detuvo cuando se dirigía hacia la embajada de México en Lima y el Congreso finalmente lo destituyó sin tener los votos suficientes para hacerlo en el mismo día, y sin darle derecho a la defensa.

En julio pasado, Castillo exhortó a la justicia nacional a acatar de inmediato el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que señaló que sufrió una detención arbitraria y demandó su excarcelación inmediata.

"Continuar ignorando este pronunciamiento internacional no solo profundiza la persecución política en mi contra, sino que coloca al Estado peruano en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional", apuntó el exmandatario, recluido en el penal de Barbadillo, conocido como la prisión para expresidentes peruanos.

La defensa de Castillo ha presentado varios pedidos de indulto que fueron descartados por el anterior gobierno de José María Balcázar e incluso ha solicitado una gracia presidencial, cuya decisión depende de la mandataria Keiko Fujimori, pero el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, dijo el último domingo que es "imposible" que la presidenta le otorgue ese beneficio y que tampoco es "políticamente necesario" excarcelar al exmandatario porque "ya no representa a la izquierda" en el país.