La imputación "es un gran avance hacia la verdad, la justicia y la rendición de cuentas por los impactos de las actividades empresariales en tiempos de conflicto", señalaron en un comunicado conjunto el relator de la ONU sobre justicia y reparación (Bernard Duhaime) y miembros del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.

La JEP imputó entre otros al exjefe de seguridad de Ecopetrol, José Eduardo González, por su presunta participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad en el contexto de la toma paramilitar de Barrancabermeja (Santander) entre 1998 y 2000, en la que se produjeron asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas.

Es la primera imputación anunciada por la JEP en el marco del macrocaso 08, que investiga crímenes cometidos por fuerzas públicas y agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o civiles durante el conflicto armado.

En el comunicado, los expertos de Naciones Unidas reconocieron la colaboración brindada por la firma estatal Ecopetrol durante el proceso ante la JEP y alentaron a la empresa a profundizar ese compromiso "mediante acciones concretas de reparación y restauración dirigidas a las personas y comunidades afectadas".

Recordaron, en este sentido, que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y de participar en la reparación de los impactos negativos que hayan causado o a los que hayan contribuido, de conformidad con principios rectores de Naciones Unidas.