El grupo de expertos recordó algunos hechos recientes en el estado de Sinaloa que ilustran tales riesgos, como la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla; la agresión junto a su hija de la fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo Medina, o el asesinato de la integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, Rubí Gómez-Tagle, entre otros casos.

En este contexto, subrayaron que la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de estos casos corresponden al Estado y no pueden recaer sobre los hombros de las familias, aunque debe garantizarse la participación de éstas.

Asimismo, denunciaron que todos los abusos y atropellos que sufren las buscadoras de personas desaparecidas se producen en un contexto de impunidad casi total, a la vez que presentan características muy específicas de género.

Los expertos también instaron a México a reconocer públicamente la importancia de la labor de las buscadoras y celebraron la aprobación por la Asamblea General de la ONU de una resolución que establece el 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.

Dijeron que esta decisión reconoce formalmente la fortaleza, las voces, la capacidad de acción y el liderazgo de estas mujeres.

La declaración fue suscrita por la relatora sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas; el relator sobre las ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz; la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, Grażyna Baranowska; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñas, Claudia Flores, y los integrantes de ambas instancias.