El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Elsa García e integrado por Sonia Sánchez y Ana Rodríguez, condenó al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Daniel Roa Burgos, a 8 años de pena privativa de libertad, que deberá cumplir en Tacumbú, por la comisión de los hechos de lesión de confianza, cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, administración en provecho propio y lavado de activos. Todos en calidad de autor.

La jueza Sánchez manifestó que tras “realizar un pormenorizado análisis todas las pruebas y de una valoración conjunta y armónica, de acuerdo a las reglas de la sala crítica, se llegó al convencimiento de que Joaquín Roa en el periodo de enero de 2018 a diciembre de 2021 se desempeñó como ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional”.

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La magistrada afirmó que quedó probada la coima de parte de Alberto Koube al entonces ministro Joaquín Roa, a través de la entrega de la embarcación Azimut AZ 42 y el pago del tour por Europa.

En ese sentido, manifestó que durante su administración Joaquín Roa “aceptó una embarcación de la marca Azimut AZ42, ofrecida por Alberto Koube, importada por el Grupo Tapyracuai SA, el 16 de agosto del 2018”.

Sánchez también expresó al momento de dar a conocer la sentencia que, “con la finalidad de de disimular el fin de la embarcación, a cambio de direccionar las licitaciones, Joaquín Roa y Alberto Koube, confeccionaron un contrato de compraventa, en la que el Grupo Tapyracuai SA, representado por Koube vendía una embarcación por valor de US$ 450.0000 a Roa”.

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La supuesta operación “se hizo con el propósito de disimular el origen de la embarcación, con ello se pretendió dar una apariencia de negocio jurídico lícito, cuando para el tribunal quedó acreditado que recibió del señor Koube”, y se probó de que trató de una simulación, pues “no hay recibos, no hay pagarés, en los registros de contabilidad en el Grupo Tapyracuai, y tampoco se ha declarado ante la Secretaría de Estado de Tributación dicha operación y no hay registro en la Prefectura Naval de la embarcación”.

En tanto que el empresario, procesado en el caso A Ultranza, Alberto Koube Ayala, fue condenado a 6 años de encierro, por los hechos punibles de lesión de confianza, como instigador, soborno agravado, administración en provecho propio, como instigador, lavado de dinero y lavado de activos..

Para el Tribunal, según consignó la magistrada Sánchez, quedó probado que el empresario Alberto Koube era quien estaba detrás de las licitaciones ofrecidas por la SEN. En este sentido, era él quien tomaba las decisiones y obtenía los beneficios con las adjudicaciones de las mismas, en cada llamado.

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Además, todos los procesos de licitaciones fueron simulados ya que era Alberto Koube el beneficiario final.

Sobre esto, la presidenta del Tribunal señaló que tiempo antes de la entrega de la embarcación, por parte de Alberto Koube a Joaquín Roa, Koube ya había sido adjudicado con los Fondos de Emergencia Nacional (FONES), con los Fones N° 11/2018 y Fones N° 20/2018, así como también con posterioridad a la recepción de la embarcación, en agosto de 2018.

Igualmente, “se verificó que Joaquín Roa le adjudicó a empresas vinculadas a koube las contrataciones a los rubros de Alquiler de Camiones de Provisión de Chapas de fibrocemento, también fue beneficiada la empresa Noemacol SA, en la que Alberto Koube, se desempeñó como director titular, y también fue beneficiado Koube a través de la empresa Distribuidora San Blas, en la cual él mismo era accionista”.

Por todo esto, los jueces consideraron que Koube “fue favorecido en los Fones N° 11/2018, N° 20/2018, N° 1/2019, adjudicados al Grupo Tapyracuay SA por la suma de G. 3.690.000.000, en tanto el Fones N° 40/2018 fue adjudicado a la empresa Noemacol SA por G. 1.800.000.000 y la distribuidora San Blas fue contratada por la suma de G. 1.440.000.000.

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