"Yo no me voy a presentar, no tengo por qué presentarme (…) Ante la injusticia, me rebelo, no hay debido proceso, no hay estado de derecho", dijo Morales (2006-2019) a los medios.

Los legisladores de Libre, la fuerza del expresidente Jorge Quiroga, presentaron en octubre a la Fiscalía una acusación con la que se busca iniciar un juicio de responsabilidades contra Morales y quien fue su vicepresidente, Álvaro García Linera, para que respondan por "ejecuciones sumarias" y posteriores "detenciones ilegales" y "torturas" por el llamado caso 'terrorismo'.

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el inicio de la investigación dentro de este proceso e informó que al cabo de un plazo de 30 días, la Fiscalía deberá dictar "la resolución conclusiva que corresponda en esta etapa".

El caso 'terrorismo' ocurrió en abril de 2009, cuando en una operación policial en un hotel en la ciudad oriental de Santa Cruz murieron tres extranjeros, entre ellos el irlandés Michael Dwyer, y fueron detenidos el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó.

Todos fueron acusados por el Gobierno de Morales de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de Santa Cruz y atentar contra el entonces presidente, quien ratificó este miércoles esa sindicación.

"Si tienen que procesarme por defender la unidad del territorio nacional, bienvenido", afirmó el también líder cocalero y consideró que no se está cumpliendo "con los procedimientos" para enjuiciarlo.

En 2015, tras someterse a un proceso abreviado, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado con fines secesionistas.

Tras cumplir su condena, ambos abandonaron Bolivia alegando que temían por su seguridad y demandaron al Estado ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad.

Las 39 personas procesadas en este caso denunciaron que el entonces Gobierno de Morales lo inició por motivos políticos para acallar a líderes opositores de Santa Cruz.

El caso se cerró en 2020 con la absolución de todos los acusados que seguían procesados, después del retiro de acusaciones por parte de la Fiscalía y del entonces Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020), detractor de Morales.

En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a petición de la madre de Dwyer, emitió un informe que concluyó que "el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial" en perjuicio de los afectados.