La polémica surgió tras unas declaraciones del ministro Aramayo, quien en la víspera dijo a la radio local Erbol que "la colaboración internacional es fundamental" para que Morales (2006-2019) "responda ante la Justicia" boliviana, algo que, según dijo, es "una prioridad" para el Gobierno.

"Se está activando (...) una colaboración a nivel regional en esto, porque él (Morales) es parte de una arquitectura internacional, de organizaciones transnacionales, entonces a ese nivel hay que trabajar y se está trabajando", indicó.

Sin dar más detalles, Aramayo aseguró que las acciones que se realicen respetarán el "marco normativo" del país y serán "en el ejercicio pleno de la soberanía" boliviana.

Morales le replicó este martes en una amplia publicación en sus redes sociales en la que sostuvo que "Fernando Aramayo, ministro de colonias, falazmente acusa a Evo de sacrificar el futuro de Bolivia y confirma la condición de protectorado al que nos ha conducido su corregidor español, Rodrigo Paz".

El exmandatario ha cuestionado varias veces la legitimidad de la Presidencia de Paz por su lugar de nacimiento.

Paz nació en Santiago de Compostela y vivió su niñez en al menos una decena de países por el exilio de sus padres, la española Carmen Pereira y el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), quienes fueron perseguidos durante los gobiernos militares bolivianos.

Para Morales, lo dicho por Aramayo "solo confirma el estado agónico de su régimen que hasta para dar respuestas políticas a sus adversarios debe acudir a la metrópoli, a sus vasallos neofascistas y a una supuesta cooperación regional".

"La mayor vergüenza e indignación que siente el pueblo boliviano es el estatuto de vasallaje al que nos ha conducido el súbdito español", sostuvo el exmandatario.

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una zona cocalera que es su bastión sindical y político en el centro del país, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar su detención.

Contra el exgobernante hay dos órdenes de captura, una de ellas dentro de una investigación por trata agravada de personas, por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.

Además, a fines de julio, la Fiscalía ordenó la captura de Morales, acusado de terrorismo y alzamiento armado, entre otros delitos, por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras de mayo y junio con las que se exigió la renuncia de Paz.

Morales y sus seguidores han amenazado con nuevas protestas desde el próximo 13 de octubre en contra de los ajustes económicos del Ejecutivo, como el retiro de la subvención del diésel.