"Lamento mucho (que) algunos como Álvaro se escapan cobardemente. Aquí hay que estar de frente. Estamos con la verdad, con la razón", dijo Morales (2006-2019) a la radio local Kawsachun Coca, después de que se conociera que García Linera está en México con "asilo político".

El expresidente reiteró que no se presentará a declarar si la Fiscalía lo convoca y ratificó que no se siente "culpable" porque, según dijo, con sus acciones en 2009 defendió la "unidad del territorio nacional" por "mandato del pueblo".

La fuerza opositora Libre presentó en octubre pasado a la Fiscalía una acusación para un juicio de responsabilidades contra Morales y García Linera, para que respondan por las "ejecuciones sumarias" y posteriores "detenciones ilegales" y "torturas" por el llamado caso 'terrorismo'.

La investigación está en curso después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) diera luz verde a la actuación fiscal la semana pasada.

El caso se remonta a abril de 2009, cuando en una operación policial en un hotel en la ciudad oriental de Santa Cruz murieron tres extranjeros, entre ellos el irlandés Michael Dwyer, y fueron detenidos el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó.

El Gobierno de Morales acusó a todos de integrar una célula terrorista que supuestamente pretendía separar Santa Cruz de Bolivia y atentar contra el expresidente, acusación negada por los procesados, quienes denunciaron que el entonces Ejecutivo había impulsado el proceso por motivos políticos para acallar a sus detractores en Santa Cruz.

En 2015, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado y, tras cumplir sus penas, abandonaron Bolivia y denunciaron al Estado ante organismos internacionales.

El caso se cerró en 2020, después de que el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020) levantara los cargos contra los acusados.

En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en un informe que "el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial" en perjuicio de los 39 afectados en el proceso.

Morales y García Linera se asilaron en México en noviembre de 2019, tras renunciar en medio de la crisis posterior a las elecciones de octubre de 2019, anuladas tras denuncias de fraude.

Contra el exmandatario actualmente hay dos órdenes de captura dentro de otras investigaciones por una relación que supuestamente tuvo con una menor de edad cuando fue presidente y por su presunta responsabilidad en los conflictos sociales de mayo y junio.

Morales permanece desde octubre de 2024 en su bastión sindical y político en el centro de Bolivia, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que sea capturado.