"Solo servirá para seguir reprimiendo al pueblo, mientras roban, privatizan, hipotecan el país y promulgan normas inconstitucionales", escribió Morales en sus redes sociales.

Afirmó que "de ninguna manera" la medida servirá para resolver la crisis económica o para bajar "los precios de alimentos, combustibles", ni para "frenar la corrupción".

"El Gobierno usó el estado de excepción para contener la protesta social frente a la corrupción, el narcotráfico, el incremento de precios en la canasta familiar y la escasez de combustibles", añadió el exgobernante.

El Gobierno boliviano aprobó en la víspera un decreto que deberá ser aprobado por el Parlamento, a través del cual se amplía por 90 días más el estado de excepción, vigente desde el 20 de junio, "mientras los factores de riesgo permanezcan".

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó en la víspera la decisión del Ejecutivo y este martes la norma ya fue publicada en la Gaceta Oficial bajo el decreto 5707.

El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe analizar el decreto y, si considera, aprobarlo en un plazo de 72 horas y "por simple mayoría", según el reglamento vigente.

De forma paralela, la comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para ampliar el estado de excepción por otros 90 días, ante los anuncios de movilización de algunos sectores sociales y como medida para preservar la "reactivación" económica del país.

El expresidente de Bolivia (2001-2002) y líder de la principal fuerza de oposición parlamentaria, Jorge Tuto Quiroga, alertó el lunes que una posible ampliación del estado de excepción atrasará la reforma de la Constitución, cuyo fin es atraer inversión extranjera.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo también de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz.

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, medida que tiene una vigencia de 90 días.