En la consulta se contempló que en mayo del año pasado existían aproximadamente 650.000 empresas operando bajo las normativas tributarias en el país y que unas 65.000 estaban inscriptas en el IPS.

Es decir, la evasión patronal rondaba el 90%, porcentaje que se redujo mínimamente con los nuevos inscriptos. En el mismo contexto, datos de la DNIT muestran que en 2023 se registraban 650.491 contribuyentes activos con obligación vinculada al Impuesto a la Renta Empresarial, en el 2024 totalizaban 688.786 y ya al cierre de julio de 2025, sumaban 714.315 empresas.

Desde el IPS mencionaron que la incorporación al sistema previsional es resultado de un proceso que se inicia con cruces de información con las instituciones aliadas. En efecto, cuando los análisis arrojan indicios de evasión o sub declaración, se realizan las verificaciones in situ en los sectores y regiones correspondientes.

La estrategia busca identificar evasiones o subdeclaraciones en sectores y regiones específicas, lo que constituye un avance en el combate a la informalidad laboral. No obstante, las cifras también reflejan que la resistencia a la formalización persiste, especialmente en actividades con alta rotación de mano de obra.

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En cuanto a los sectores patronales fuera del sistema previsional, desde el IPS precisaron que conforme a verificaciones se ha detectado un porcentaje de trabajadores que no están afiliados al seguro social. De hecho, la informalidad y la alta rotación de personas en ciertas actividades hacen que esta evasión sea más evidente, enfatizaron desde la institución.

En el mismo sentido se observó que los sectores con mayor evasión en el país son: los comercios al por mayor y menor, los servicios prestados al público y empresas comerciales, además del sector de la construcción, transporte y servicios generales, hoteles, bares restaurantes.

Al observar la ocupación informal y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), aquella pasó de 64,1% en 2017 a 62,5% en 2024, lo que implicó una reducción de 1,6 puntos porcentuales. Sin embargo, la variación no fue lineal, ya que en 2022 se observó un repunte (63,4%) antes de volver a descender.

IPS: sectores con mayor informalidad

Por sectores, la construcción figuraba con un nivel de informalidad de 88,1% en 2017 a 85% en 2024, reflejando una reducción de 3,1 puntos.

Algo similar ocurrió en el comercio, donde la tasa bajó de 69,9% a 66,7% en el mismo periodo. En contraste, la industria manufacturera mostró una caída más marcada, pasando de 62,3% a 56,8%.

Los servicios sociales registraron un leve aumento de informalidad, del 58,5% en 2017 al 61,5% en 2024, mientras que transporte y almacenamiento se mantuvo relativamente estable, apenas reduciéndose de 54,8% a 55,6%. En el caso del sector financiero y de seguros, el más formalizado, la tasa bajó de 43,6% a 38,9%.

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El impacto de esta situación es amplio. Por un lado, afecta directamente al trabajador, que se ve privado de aportes jubilatorios, cobertura médica y seguridad en caso de accidentes o enfermedades. Por otro, limita los ingresos del sistema previsional, debilitando su sostenibilidad financiera en el largo plazo.

Carga para quienes sí aportan al IPS

La evasión patronal se traduce, en la práctica, en una sobrecarga para quienes sí cumplen con la Ley, generando una competencia desleal entre empresas formales e informales.

Otro aspecto clave es el efecto fiscal. Al operar en la informalidad y que no se encuentran en el conjunto mencionado más arriba, muchas empresas reducen su aporte a la seguridad social y también al fisco, lo que implica una pérdida significativa de recursos para el Estado.

Esta dinámica se convierte en un círculo vicioso: menos aportes significan menos capacidad de inversión en servicios de salud y jubilaciones, lo que a su vez erosiona la confianza en el sistema y refuerza la idea de que no vale la pena aportar.

Si bien el intercambio de información entre instituciones ha permitido detectar irregularidades con mayor precisión y reducir espacios de evasión, se advierte que el éxito de estas políticas depende de que vayan acompañadas de incentivos claros para la formalización, como la simplificación de trámites, la reducción de costos iniciales y campañas de concienciación que muestren los beneficios de la cobertura social.

La experiencia internacional demuestra que la formalización requiere no solo de controles más estrictos sino también de un entorno que haga atractivo cumplir con las obligaciones.

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En Paraguay el desafío está en equilibrar la necesidad de mayor fiscalización con medidas que alivien las cargas de las micro y pequeñas empresas, muchas de las cuales operan en márgenes reducidos y ven la formalidad como un costo difícil de asumir.

Por tanto y a modo de remarcar, el reto es doble: por un lado, consolidar la formalización alcanzada en el último año; por otro, implementar mecanismos que reduzcan los incentivos a operar fuera del sistema.

En este contexto, la articulación entre el IPS y la DNIT se perfila como una herramienta clave para avanzar hacia un mercado laboral más transparente, donde la protección social deje de ser una excepción y se convierta en una norma efectiva para los trabajadores paraguayos.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.