La Municipalidad de Asunción incurrió en una extralimitación de sus competencias normativas al implementar la Cuenta Única del Tesoro Municipal, indica parte del informe realizado por el interventor de la comuna capitalina, Carlos Pereira.

Finalmente, se dio a conocer el documento sobre la intervención de la Municipalidad de Asunción, este miércoles, donde también indica que la situación económica financiera y de gestión antes de la aprobación de la Ordenanza 28/2022, ya se estaba en una “grave situación financiera que se intentó solventar con la reestructuración de pasivos, así como la inversión en infraestructura”.

“Se puede afirmar que a la crisis financiera se suma el nulo ambiente de control interno, el obsoleto sistema informático, las políticas contables para elevar activos en detrimento de la debida exposición de resultados negativos, el elevado número de talento humano disponible altamente desmotivado y sin perspectiva de mejoría en el corto plazo”, indica el documento.

Agrega que son más de 400 personas las que ya cumplen los requisitos legales para acogerse a los beneficios de la jubilación, pero están reacios a dar el paso final de su etapa laboral por la crisis de la Caja Municipal, así como por la no disponibilidad de recursos en la Municipalidad para abonar los beneficios adicionales por jubilación previstos en el contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente.

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Resalta que del análisis integral realizado sobre la ejecución de los recursos provenientes de la emisión del Bono G8 por parte de la Municipalidad de Asunción durante el ejercicio fiscal 2022 y 2023, se desprende que dichos fondos no fueron aplicados conforme al destino específico para el cual fueron obtenidos, es decir, la inversión en infraestructura pública.

“Lejos de responder al objetivo planteado en el marco de la colocación del título de deuda, los recursos fueron dirigidos en su mayoría hacia el financiamiento de erogaciones de gastos corrientes, tales como el pago de servicios personales, amortización de préstamos adquiridos por déficit temporal de caja, contratación de servicios no personales y adquisición de bienes de consumo e insumos”, señala el documento.

Agrega que al usar dinero público que se destinó y autorizó para la construcción de infraestructura pública, en otros gastos no relacionados y alejados completamente del objetivo y de la autorización expresa recibida, hace responsables de tal infidelidad e ilegalidad a los administradores públicos que la realizaron, consintieron o no impidieron.

“La transgresión de la confianza pública por la administración del Municipio de Asunción encarna varias tipologías sancionadas en los fueros administrativos, políticos y jurídicos cuyo tratamiento si bien no es materia de este informe, resulta necesario puntualizar que sus consecuencias son muy graves porque la confianza pública no se reconstruye con el mero voluntarismo, ni por efecto inmediato de la sola punición de los causantes”, agrega el informe realizado por Carlos Pereira y su equipo.