En la entrevista con ABC, el líder indígena Aurelio Martínez, relató un largo vía crucis institucional plagado de falsas expectativas. Explicó que el proceso por las 12 hectáreas ubicadas en el distrito de Obligado, lleva cinco años estancado, un periodo durante el cual pasaron por censos, mediciones técnicas del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), e incluso la asignación preliminar de un presupuesto de G. 1.000 millones que nunca se efectivizó.

Sin embargo, con cada cambio de autoridades en la presidencia del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), los expedientes vuelven a foja cero y las promesas se desvanecen. La situación actual es crítica porque el propietario del inmueble ya no está dispuesto a seguir esperando y advirtió que venderá el terreno a terceros. De las trece familias que originalmente habitaban el predio, tres ya se vieron obligadas a abandonar el lugar tras perder pertenencias, dejando a las diez restantes en un estado de indefensión total.

Los afectados, que producen alimentos para su autoconsumo y cuyos niños caminan o son llevados en moto por tres kilómetros diarios para asistir a la escuela de la zona, claman por una solución urgente antes de quedar literalmente en la calle.

Más allá de la vivienda, el desalojo representa la pérdida de su sustento diario y de su seguridad alimentaria. Las familias dependen enteramente de su kokue, donde con gran esfuerzo cultivan mandioca, maíz, poroto y diversas verduras para el consumo de la comunidad. “Oreko roguereko heta ore producto, ro producí para el autoconsumo” (“Tenemos muchos productos propios, producimos para el autoconsumo.”), expresó.

Inminente desalojo: diez familias Mbya Guaraní se quedan sin hogar ni sustento en Itapúa

“Estamos desesperados”, expresó Aurelio Martínez ante la situación de incertidumbre ante la falta de respuestas del Indi, pese a que el proceso de adquisición de las 12 hectáreas que ocupan ya lleva varios años.

Afirmó que el presidente actual de la entidad, Hugo Samaniego, ni siquiera les da una respuesta provisoria. El dueño del terreno estableció un último plazo de 90 días para la neegociación con el Instituto y este tiempo venció el 2 de noviembre.

La tragedia que hoy golpea a estas familias mbya guaraní en Itapúa expone a su vez la desatención directa que sufrieron los pueblos originarios durante la administración de Santiago Peña. El exmandatario -preso por el caso Ueno Bank-, ignoró sistemáticamente a las comunidades indígenas en su agenda de gobierno.

En su primer informe presidencial ante el Congreso omitió por completo a los pueblos, generando duras críticas por la nula agenda hacia el sector, y en su posterior reporte anual apenas concedió una aislada y simbólica mención verbal frente a sus extensas páginas de “logros económicos”.