Por segunda vez, ex presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Osmar Ludovico Sarubbi Gamarra fue sobreseído definitivamente en el proceso abierto en el año 2018, por supuesta lesión de confianza. Esta vez, fue por disposición del juez penal de Garantías Francisco Acevedo.

A través del auto interlocutorio (A.I.) N° 251, el juez Acevedo hizo lugar al dictamen de la fiscala adjunta Soledad Machuca Vidal y dispuso el sobreseimiento definitivo de Sarubbi y otras treinta personas procesadas por el caso.

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Los demás beneficiados con esta decisión son: Jhony Báez, Jorge Wilka, Ricardo Brítez, Oscar Basso, Roberto Bogado, Francisco Torres, Humberto Samaniego, Juan Celso López, Derlis Cabrera, Oscar Méndez Bueno, Adriana Arce, Miguel Quinto, Carlos Estigarribia y María Eugenia Bachero.

La nómina sigue con Lilian Godoy, Néstor Roa, Terecio Cáceres, Virgilio Riveros, Ermes Raúl Villa, Osmar Osorio Kreitmayr, Roberto Rojas, Cristina Sosa, Lilian Céspedes, Cándido Benítez Villalba, Jesús M. Rodríguez, Luis Alberto Suarez, Fabián Rivarola, María Jasinta Núñez, Jorge Benítez y Daniel Ojeda Centurión.

Fiscalía dice que no pudo constatar perjuicio para la Essap

En una audiencia preliminar realizada el 23 de febrero pasado, la fiscala Elena Fiore solicitó el sobreseimiento definitivo de las personas mencionadas anteriormente, tras argumentar que no tenía elementos para sostener una acusación en un juicio oral y público.

En ese sentido, explicó que debía contactar a los provededores para corroborar si prestaron o no servicio, pero estos se excusaron de proveer la documentación corrsespondiente pues, según argumentaron, la legislación vigente les obliga a conservarlos durante 5 años nada más.

Asimismo, dijo que había dispuesto la realización de una pericia, pero la perito concluyó que se realizaron las prestaciones de servicios y no encontró erogación negativa en el patrimonio de la Essap, por lo que no puede sostener la existencia de lesión de confianza.

Oposición al sobreseimiento de Ludovico Sarubbi y otros

En aquella oportunidad, el juez Acevedo dio trámite de oposición al requerimiento fiscal, por lo que el expediente fue remitido a la fiscala adjunta Soledad Machuca, quien ratificó la petición de la fiscala Fiore.

En estas condiciones, el juez penal de Garantías no tiene la posibilidad de disponer una resolución distinta a la requerida por el Ministerio Público.

La investigación fiscal en este caso comenzó a raíz de una supuesta tragada de G. 17.590.301.286 que había detectado una auditoría del Poder Ejecutivo durante la gestión de Sarubbi, entre 2015 y 2016.

En la imputación que dio inicio a la causa, presentada el 20 de noviembre de 2018 la entonces fiscala Victoria Acuña (hoy jubilada) refirió que en el periodo mencionado, el entonces presidente de la Essap había firmado órdenes de pago y cheques para la adquisición de productos y servicios en carácter de anticipos de fondos a rendir, cuyos montos superaban ampliamente el límite epara el efecto y además carecían de contraprestación.

En una audiencia preliminar que concluyó el 17 de noviembre de 2021, a pedido de la propia fiscala Acuña, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera otorgó el sobreseimiento definitivo a todos los procesados por el caso.

Esta resolución fue anulada por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en marzo de 2024 y el expediente regresó a primera instancia, donde se dispuso la realización de nuevas diligencias para cerrar el caso.