
Escrachan a intendente de Arroyos y Esteros por permitir basura en área protegida
Los vecinos de Arroyos y Esteros encararon al jefe comunal preguntándole si fue él quien autorizó el traslado de desechos hasta el lugar, a lo que Filippi reconoció abiertamente haber dado el p...
Los vecinos de Arroyos y Esteros encararon al jefe comunal preguntándole si fue él quien autorizó el traslado de desechos hasta el lugar, a lo que Filippi reconoció abiertamente haber dado el permiso.
La respuesta encendió aún más los ánimos, provocando que los ciudadanos lo escracharan en su propia oficina, gritándole “corrupto, puerco y basura”, además de lanzarle objetos y huevos en repudio a su gestión.
“Nosotros fuimos hasta la compañía Mainumby y confirmamos que el camión de basura de la Municipalidad estaba en el lugar. Ese es un sitio de humedales, no hay que tirar residuos ahí”, denunció María Núñez.
Un conflicto que se arrastra hace más de un añoEl conflicto por el vertedero que se pretende construir en Arroyos y Esteros no es nuevo. Se inició en 2024, cuando la empresa El Farol, con un largo historial en el negocio de los residuos, intentó instalar un depósito en plena zona de humedales.
La firma, representada por José Fernando Vega, Adelaida Cañete Ojeda, Gonzalo Eduardo Enjunto, Ángel Gómez Rivarola y Hans Herman Staseek, ya controla la recolección de basura en Asunción y Central, y en los últimos años expandió su influencia a varios departamentos del interior.
A principios de este año, trascendió que la Municipalidad local, con respaldo del gobernador Denis Lichi (ANR) y el propio intendente Filippi, proyectaba habilitar el vertedero en Mainumby, a escasos 1.400 metros del río Piribebuy.
La noticia generó un rechazo masivo, ya que la comunidad teme un impacto irreversible en los recursos hídricos, la biodiversidad y, sobre todo, en la producción de caña de azúcar orgánica, motor económico del distrito.
En febrero de este año, un grupo de manifestantes llegó incluso a ocupar la Municipalidad como señal de repudio por esta situación, mientras que nueve concejales se sumaron a las protestas y promovieron la derogación de la resolución que habilitaba la instalación.
Asimismo, se presentaron acciones legales, incluyendo un amparo constitucional, cuestionando la legalidad del proyecto. Los pobladores aseguran que la aprobación se hizo a espaldas de la ciudadanía, sin consulta previa ni estudios de impacto ambiental.
Una gestión bajo sospechaLa tensión sigue en aumento y la ciudadanía de Arroyos y Esteros ratifica que no permitirá que su distrito se convierta en el basurero de empresas que ya concentran el monopolio en otras regiones del país.
Para consultar sobre el inconveniente intentamos comunicarnos con el intendente José Filippi Vera (ANR) y con el gobernador Denis Lichi (ANR), pero no atendieron las llamadas.
Estamos abiertos si desean referirse al caso.
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