La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se encuentra en el centro de un nuevo escándalo institucional. Ante la gravedad de los hechos denunciados por el estamento estudiantil, la medida investigativa fue oficializada mediante una nota firmada por el decano de la institución, Carlos Gustavo González Morel, con fecha 6 de septiembre de 2026.

Escándalo en Derecho UNA: filtran chats por tráfico de notas

En el documento oficial se señala que, habiendo tomado conocimiento por medios periodísticos de los supuestos hechos acaecidos en la facultad, se encomienda la materialización de las pesquisas al director Jurídico de la institución, Abog. Guillermo Abdala, quien deberá recabar los informes correspondientes “en aras de la transparencia de nuestros actos y en la inteligencia de velar por los intereses de la institución”.

El esquema denunciado y la implicación de autoridades

El conflicto estalló luego de que el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho (CEDUNA) presentara una denuncia formal ante el Ministerio Público, tras difundirse capturas de pantalla de grupos de WhatsApp compartidas entre estudiantes, delegados y dirigentes universitarios.

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En los mensajes filtrados se menciona directamente a Alejandro “Tratito” Ovelar —hijo del senador Silvio Ovelar—, a quien sus pares señalan como uno de los articuladores clave dentro de la sede central de Santísima Trinidad para gestionar la aprobación o reprobación de exámenes a través de tráfico de influencias y solicitudes directas a los docentes.

Las conversaciones difundidas no solo comprometen a dirigentes estudiantiles, sino que también salpican a un influyente cuerpo docente. En los chats se hace mención a profesores de alto perfil, entre los que figuran exministros de la Corte, defensores públicos y actuales integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), clasificando presuntamente con quiénes “se puede conversar o no” para alterar las notas de las evaluaciones.

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Expectativa e investigación en curso

A pesar de la orden emitida para el inicio de las indagaciones internas a cargo de la Dirección Jurídica, hasta el momento las autoridades universitarias no han precisado el alcance de las medidas administrativas ni eventuales suspensiones que se aplicarán a los docentes y delegados involucrados en la red de favores.

La comunidad universitaria y el estamento estudiantil se mantienen en alerta a la espera de los primeros avances tanto de la investigación preliminar institucional como de las diligencias que pueda llevar adelante la Fiscalía.