Escándalo en Asunción: becarios estallan contra la Municipalidad por falta de pagos y nombramientos de lujo
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Beneficiarios del Programa de Apoyo a Mejores Egresados (PAME) de la Municipalidad de Asunción enfrentan un perjuicio económico debido al retraso en el pago de sus fondos universitarios. Pese a cumplir con los requisitos académicos, los universitarios deben autofinanciarse la carrera mientras la comuna les impone trabas burocráticas e ignora sus reclamos. En medio de las quejas, el intendente Luis Bello (ANR-cartista), nombró como directora de Juventud y Deportes a una candidata a concejal que no logró pasar las internas coloradas, con un millonario salario.
Becas PAME en Asunción entre retrasos burocráticos y rechazo de documentosEstudiantes universitarios, beneficiarios del Programa de Apoyo a Mejores Egresados (PAME) de la Municipalidad de Asunción, reclaman que la comuna continúa con retrasos en los desembolsos semestrales para costear estudios universitarios. Los estudiantes sostienen que el programa, que prometía ser una ayuda económica para los mejores egresados de colegios públicos y subvencionados de la capital, no los ayuda de forma oportuna.
El problema no se reduce únicamente a la impuntualidad en el pago, sino al perjuicio que les genera la revisión extemporánea de los documentos presentados por los alumnos. Los becarios denuncian que la demora interna provoca que documentos con vigencia fija queden inhabilitados por culpa exclusiva de los plazos burocráticos de la propia institución municipal.
Debido a la inoperancia administrativa, la comuna exige nuevamente certificados que caducaron antes de realizar la acreditación correspondiente. Uno de los beneficiarios puso como ejemplo el certificado de vida y residencia, que “como dura solo 6 meses, ya venció antes de darnos el pago y nos empiezan a rechazar documentos que ya habíamos entregado en marzo o abril”. A esto se suma la inconsistencia de criterios sobre qué trámites dar por válidos.
La tramitación de nuevos certificados implica un costo financiero severo para jóvenes de recursos limitados que deben reponer la documentación rechazada. En universidades privadas el costo de las constancias de estudio oscila entre G. 200.000 y G. 300.000, mientras que en la Universidad Nacional de Asunción ronda los G. 50.000. Además, la carga horaria académica les impide desplazarse constantemente para repetir gestiones administrativas.
Denuncian silencio municipal y exigencia de voluntariado a becariosLos becarios denuncian además que los canales oficiales de comunicación institucional no sirven debido a que nadie responde a las consultas de los afectados. En el grupo de WhatsApp oficial, los universitarios solicitan fechas precisas sobre la acreditación sin recibir ninguna respuesta por parte de las autoridades. La falta de retorno genera incertidumbre en medio del cierre del año lectivo y el periodo de exámenes finales en las facultades.
La indiferencia de los funcionarios comunales contrasta con la celeridad para solicitar contraprestaciones a los beneficiarios que reclaman sus derechos económicos. “Pedimos una actualización del primer pago y no nos respondieron. Sin embargo, sí nos pidieron otra vez que seamos voluntarios”.
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Los becarios reclaman que la tardanza convierte al subsidio municipal en una “devolución tardía” y no en una asistencia financiera real en tiempo presente. Los estudiantes deben ingeniárselas por cuenta propia para abonar matrículas, insumos y transporte diario. Todo este sacrificio extra se suma a la alta exigencia académica, debido a que deben mantener altas calificaciones universitarias para seguir accediendo al programa.
Ante el incumplimiento comunal y para no perder la carrera universitaria, los beneficiarios recurren a estrategias de subsistencia extremas para cubrir los gastos diarios. Muchos deben encarar extenuantes jornadas laborales dobles, vender lo que pueden en sus respectivos campus o realizar ferias universitarias para conseguir pasajes y alimentos básicos.
Sueldo de lujo y duras críticas a Violeta Fornerón en la Dirección de Juventud y DeportesMientras se congelan las becas estudiantiles por supuestas cuestiones administrativas, la Municipalidad dispuso cambios políticos en la Dirección de Juventud y Deportes. Violeta Fornerón asumió al frente de dicha dependencia tras un fallido intento de ser electa concejal por el oficialismo. Su designación ocurrió en junio, justo después de no lograr sortear las elecciones internas coloradas.
La designación causó indignación directa en el estamento estudiantil, donde perciben el nombramiento como una clara maniobra de favoritismo político y prebenda. “Como no consiguió los votos para concejal, le dieron este puesto de directora, como un premio de consuelo”, señalan los estudiantes.
En las planillas oficiales de sueldo de agosto de la Municipalidad de Asunción, Fornerón aparece nombrada bajo el rubro de “chofer” en la Dirección de Servicios Urbanos desde junio. Pese a esa denominación operativa en los papeles, la funcionaria percibe una remuneración total de G. 17.830.850 mensuales. Este monto abarca bonificaciones por gestión administrativa, responsabilidad en el cargo, complemento por jefatura y diversos gastos de representación.
En sus plataformas digitales, Fornerón se presenta formalmente como la directora de Juventud y Deportes de la institución comunal. La asignación de este salario de privilegio desmiente el discurso oficial del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), que aseguraba no haber ingresado a un solo funcionario tras asumir el cargo.
Historial de incumplimiento desde la gestión de NenechoLa crisis actual de desembolsos no representa un hecho aislado ni nuevo dentro de la administración de la comuna capitalina. Ya en noviembre de 2024, bajo la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), los universitarios reportaron idénticos retrasos con la cuota correspondiente a la mitad del año.
Los alumnos reclaman que el esquema de pagos fue modificándose de manera progresiva en evidente perjuicio de los beneficiados por el programa municipal. En sus inicios, el pago se hacía en cuotas mensuales directas, posteriormente la comuna impuso la modalidad de dos desembolsos semestrales y actualmente la administración argumenta que el dinero siempre se pagó una vez al año.
El beneficio asignado equivale al 30% del salario mínimo legal, sumando unos G. 8.000.000 anuales por cada universitario seleccionado. Los estudiantes señalan que este aporte financiero representa cerca del 50% del costo total de sus carreras de grado. Pese a mantener este esquema crónico de retrasos en los pagos, la comuna volvió a convocar a nuevos postulantes para el periodo actual.
