El Presidente Santiago Peña, el titular del Senado Basilio “Bachi” Núñez (ANR- HC) y el titular de la Cámara de Diputados Raúl Latorre (ANR-HC) constantemente es sus discursos hablan de democracia y de libertades individuales. Sin embargo, con sus hechos, este gobierno marca una hoja de ruta llena de atropellos a los derechos ciudadanos.

En menos de dos años, el gobierno cartista exhibió varias conductas dictatoriales y entró en una escalada de amenazas, siendo la última el “¡cuidadito!” del presidente Santiago Peña a periodistas de este medio para evitar dar explicaciones sobre su lujosa vivienda construida en San Bernardino.

El amedrentamiento hacia los medios de comunicación críticos a su gobierno ya viene de larga data, incluso se utilizó a la Justicia para pedir que ABC divulgue sus fuentes en el marco de la imputación al ex presidente Mario Abdo Benítez y varios miembros de su gabinete.

En los últimos días, el diputado cartista Rodrigo Gamarra lanzó la idea de una Ley de Prensa que fue aplaudida por varios otros políticos cartistas que buscan regular el derecho a la información y de informarse que tienen el ciudadano.

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Pero no solo los medios de comunicación y los trabajadores de prensa son amedrentados, también existe una feroz restricción en el debate en el Congreso Nacional, pues el cartismo, aprovechando su cómoda mayoría en ambas Cámaras, censura y acalla las voces disidentes con total impunidad y prepotencia.

Prueba de esto fue la expulsión irregular de Kattya González del Senado y el silencio cómplice del Poder Judicial sobre esta situación, la ley de apriete a las ONG, la creación de la Comisión “Garrote” que solo fue contra los críticos al gobierno actual, las múltiples leyes aprobadas en el Congreso Nacional sin el debido debate, coartando el derecho incluso de los trabajadores.

Otras conductas antidemocrática que cometieron los cartistas merced a su mayoría fueron: la obstrucción del derecho al voto de los paraguayos en el exterior y el grosero autoaumento salarial de los legisladores en detrimento a las verdaderas necesidades del ciudadano que paga sus impuestos.

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Fiel al estilo del régimen dictatorial de Alfredo Stroessner, la premisa “para los amigos todo y para los enemigos la ley” sigue tan campante y un claro ejemplo es la impunidad sobre los casos de nepobaby, en donde estuvieron salpicados desde el vicepresidente Pedro Alliana hasta varios diputados y senadores. Sin embargo, solo fueron imputados los políticos opositores, mientras que los cartistas fueron sobreseídos en su totalidad.

Las conductas antidemocráticas no solo se sienten en el país, sino que también ya hay una réplica a nivel internacional, pues con Santiago Peña, el índice de Chapultepec, desde el 2024, nos calificaron como “menos democráticos”.

Paraguay cumple mañana 36 años de la caída de un régimen que persiguió y silenció a opositores para perpetuarse en el poder. Un retroceso sería trágico.