
Ente regulador de energía necesitaría hasta US$ 5 millones al año para garantizar independencia, sostienen
Durante el conversatorio “Energía, Inversión y Empleo: Estrategia Paraguaya para el Futuro”, organizado por la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (Cecoel) el miérco...
Durante el conversatorio “Energía, Inversión y Empleo: Estrategia Paraguaya para el Futuro”, organizado por la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (Cecoel) el miércoles último, el titular del Centro Paraguayo de Ingenieros, Amilcar Troche, sostuvo que el organismo regulador que se debate crear en Paraguay debe tener independencia técnica, administrativa y financiera, y advirtió contra un modelo que dependa exclusivamente de fondos públicos.
“No sería conveniente que el funcionamiento de un ente regulador dependa exclusivamente del presupuesto de la Nación”, afirmó.
Para el ingeniero, la alternativa pasa por una ley específica que cree un mecanismo propio y transparente de financiamiento, con recursos destinados exclusivamente al funcionamiento del ente. “El regulador no puede depender financieramente de aquel a quien debe regular”, resumió.
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El modelo uruguayo como referenciaTroche citó el caso de Uruguay, un país de escala similar a la paraguaya, donde el ente regulador eléctrico se financia con el 0,2% de la facturación bruta del sector.
Según explicó, los esquemas regionales varían entre ese 0,2% y hasta un 2% en países más desarrollados. Trasladado a la facturación de ANDE, ese rango equivaldría a entre US$ 3,5 millones y US$ 5 millones por año, una cifra que —dijo— alcanzaría para el funcionamiento del organismo.
“No es un elefante gigante, probablemente es suficiente. Pero es un tema que debería ser debatido”, planteó, y remarcó que Paraguay no partiría de cero, ya que existen modelos regionales en operación para tomar como referencia.
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“El cuello de botella no es la generación”El presidente de Cecoel, Gianmarco Felippo, centró su intervención en la infraestructura de transmisión y distribución, a la que calificó como el verdadero freno para atraer nuevas inversiones, por encima de la generación eléctrica.
“El cuello de botella ahora no es la generación, es la transmisión y la distribución”, afirmó Felippo, al señalar que proyectos como la conexión de un data center requieren un marco normativo seguro y no solo la promesa de un excedente energético.
Según su planteamiento, un ente regulador permitiría convertir la energía barata del país en una energía “bancable”, dando una señal de sostenibilidad de precios a largo plazo que respalde inversiones de gran escala.
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Advierten atrasos frente al plan de inversiones de ANDEEl ingeniero César Ozuna, del CPI, contextualizó el debate con datos del plan maestro de ANDE. Recordó que, hasta el año pasado, Paraguay lideraba el ranking de clima de negocios de la Fundación Getulio Vargas, lo que —advirtió— exige al país estar preparado en infraestructura.
Ozuna señaló que ya en 2021, el entonces plan maestro de ANDE proyectaba inversiones por US$ 8.000 millones —US$ 5.000 millones en transmisión y distribución, y US$ 3.000 millones en generación—. Según relató, el crecimiento acelerado de la demanda obligó a la estatal a revisar ese plan en 2024.
“Hoy en día los números son mucho más preocupantes, porque a lo que necesitamos ya se suma la generación”, sostuvo, y citó advertencias previas del Instituto Paraguayo de Profesionales del Sector Eléctrico (IPPSE) sobre la falta de acción frente a los atrasos.
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Cifras que preocupanCon base en números de la propia ANDE, Ozuna detalló que el plan de inversiones vigente requiere entre US$ 10.000 millones y US$ 11.000 millones en generación a veinte años, US$ 3.300 millones en transmisión y US$ 1.800 millones en distribución, a lo que se suma la inversión necesaria para reducir pérdidas del sistema.
En conjunto, el monto total estimado asciende a US$ 17.000 millones, según la planificación de la propia estatal. “Ya sabemos lo que hay que hacer, sino cómo vamos a hacerlo”, planteó.
Ozuna citó los artículos 88 y 89 de la Ley N° 966, que establecen que los ingresos de ANDE deben representar entre el 8% y el 10% de la inversión inmovilizada de la institución, un umbral que —dijo— la estatal podría no estar cubriendo actualmente.
El ingeniero remarcó que su gremio respalda la creación de un ente regulador, pero con condiciones: no debe depender del ministerio de turno por criterios políticos. “La política criolla es la que perjudica a la inversión”, sostuvo.
Ozuna reclamó además que la ANDE recupere su carácter autárquico y que las tarifas se manejen conforme a la ley, en medio de informaciones recientes de funcionarios de la propia estatal sobre la situación financiera de la institución.
