El futuro del gran yacimiento, propiedad de Minera Panamá (filial de FQM), está en manos del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, después de recibir el pasado miércoles un informe clave hecho por una comisión integrada por tres ministerios que recomienda cerrarlo de manera ordenada y autofinanciada.

Mientras que la minera canadiense se ha mostrado abierta a negociar "de buena fe" con el Gobierno un nuevo marco legal para Cobre Panamá, un proyecto con una inversión de 10.000 millones de dólares paralizado desde 2023 tras un fallo judicial que declaró inconstitucional la concesión, después de una oleada inédita de protestas.

"Consideramos razonable avanzar en la evaluación y eventual negociación de esta alternativa. Esa etapa permitirá conocer sus condiciones concretas antes de que el país adopte una decisión definitiva", señaló el comunicado dominical de los empresarios panameños.

La cámara empresarial solicitó "información independiente, transparencia y una decisión que protegiera los intereses del país sin trasladar sus costos a los panameños", como propone el informe, ya que considera que la elección final "debe ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable, económicamente sostenible y capaz de generar confianza, siempre protegiendo los intereses de Panamá".

"Podemos disentir. Podemos cuestionar. Debemos fiscalizar. Hagámoslo con datos, serenidad y sentido de país", señala el documento.

La comisión interministerial también aconsejó al presidente, tras entregar el informe, "evaluar la viabilidad de un acuerdo que permita resolver los procedimientos arbitrales pendientes y establecer las condiciones para una puesta en marcha que conduzca a un cierre ordenado del sitio" sin opción a prórroga.

Pero, no fija una fecha para ello -aunque recomienda establecerla- más si establece que dicho cierre debe ser progresivo con pasos agendados.

El ministro de Economía, Felipe Chapman, advirtió la consecuencias económicas de mantener paralizada la mina de cobre, que tras su cese borró más del 4 % del PIB, así como que un cierre definitivo cargaría las finanzas públicas para el Estado, expuesto a las suspendidas reclamaciones arbitrales de 27.000 millones de dólares.

La mina entró este año en una fase de preservación - que incluye el procesamiento de toneladas de mineral que había quedo a la intemperie- dejando sin actividad un proyecto que representaba unos 7.000 empleos directos y un fuerte debate sociopolítico y ambiental en Panamá.