La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), Desarrollo en Democracia (Dende), el Club de Ejecutivos, Horizonte Positivo Paraguay, junto a Pacto Global Red Paraguay y el Consejo Empresarial de América Latina apuntan que la situación de la caja fiscal de nuestro país “exige decisiones responsables e inmediatas”.

Al respecto, estas organizaciones de la sociedad civil confirman su apoyo y valoración a la propuesta del Poder Ejecutivo al tratarse de un “primer paso necesario”, aunque también apuntan que “no constituye una solución estructural al problema de fondo”.

Asimismo, detallan que el “déficit responde a reglas previsionales no alineadas con la realidad demográfica y fiscal del país”, por lo que su postergación solamente “profundiza los costos para la sociedad”.

“Las organizaciones de la sociedad civil firmantes acompañamos el necesario debate para la búsqueda de reformas profundas que permitan contener el deterioro del sistema y garantizar la sostenibilidad previsional de mediano y largo plazo”, detallan.

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En todo lo referente a la Caja Fiscal, los empresarios y otros firmantes instan al Poder Ejecutivo de “actuar con coherencia y compromiso” con el fin de alcanzar una reforma integral que permita una reducción de gastos innecesarios del Estado y sin trasladar nuevas cargas a la ciudadanía.

“Reiteramos nuestra disposición a contribuir de manera técnica y constructiva al debate público, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad fiscal, la equidad y el futuro del Paraguay”, concluyen.

Por su parte, desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) apuntan que la reforma de la caja fiscal impulsada por el Poder Ejecutivo “es necesaria e impostergable”, ya que, a criterio de los supermercadistas, existe una “crisis estructural que compromete su sostenibilidad y el bienestar de las futuras generaciones”.

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El actual proyecto de reforma de la caja fiscal fue presentado un día antes de culminar el 2025, el 30 de diciembre. Es decir, 22 años después de la anterior ley y se trata del proyecto de ley “Que establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público”.