El reclamo realizado por el empresario Richard Plangger responde a la falta de avances en la investigación en un caso de presunta invasión de tierras, que se habría denunciado en septiembre del año 2024, en la compañía San Lorenzo, del distrito de Carlos Antonio López.

Los hechos denunciados ocurrieron en el interior del inmueble individualizado como matrícula número HY22/1946, padrón número 1355.

Plangger denunció la invasión de un sector del inmueble, propiedad de Plangger S.A. (anteriormente Micro Plant S.A.), donde la empresa de origen belga tenía un cultivo de avena orgánica para su exportación a Brasil.

Detalló que la utilización de productos químicos (secante) provocó la pérdida de la condición de parcela orgánica con certificación que poseía en el lugar.

El empresario refirió que es víctima de varios hechos punibles perpetrados por un grupo de personas armadas que ingresaron a su propiedad, destruyeron cultivos, cometieron delitos ambientales y amenazaron contra la integridad de las personas, y que, a casi un año, los hechos continúan perpetrándose con total impunidad.

“Es increíble que la justicia permita estos atropellos a fuerza de manos violentas”, manifestó. Además, indicó que pide a la Fiscalía “que dejen finalmente sus ambiciones de llevar el caso al ámbito civil”.

En contraparte, el señor Celso Silva Pereira se había presentado como arrendatario de un inmueble que sería, según él, propiedad del político colorado Benjamín Adaro Monzón. Silva enunció ante la Fiscalía de Mayor Otaño una presunta “coacción grave” y “amenaza” por parte de empleados de la firma agroindustrial, en fecha 10 de septiembre del 2024.

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La investigación del hecho fue asignada a un equipo de fiscales conformado por los agentes Édgar Villaverde, Enrique Fornerón, Luis Caballero y Raquel Bordón. Esto fue confirmado el pasado 9 de diciembre de 2024 por resolución número 5083 de la Fiscalía General del Estado.

A pesar de ello, según el denunciante, no se realizó ninguna diligencia y no se evidencian avances en la investigación.

Entretanto, Plangger refirió que, vía acta notarial, realizó la transcripción de mensajes y audios de alguien que decía ser el propio Adaro Monzón, en los que lo amenazaba con quitarle los terrenos si no accedía a vendérselos. Esto también fue presentado ante el Ministerio Público.

La representante legal de Celso Silva Pereira, abogada Estela Mari Escobar, manifestó a la prensa que rechaza que su cliente sea un invasor. Silva Pereira es un ocupante legal, en calidad de arrendatario del inmueble cuyo propietario es Benjamín Adaro Monzón, explicó la profesional.

El presunto dueño del predio en litigio, Adaro Monzón, es un influyente político colorado cartista residente en el distrito de Yuty, departamento de Caazapá. Fue juez de paz en Yuty y, posteriormente, ingresó a la política. Fue candidato a intendente de Yuty y ocupó el cargo de concejal departamental de Caazapá durante el periodo anterior.

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El empresario realizó una nueva denuncia por supuesta tala ilegal de árboles de eucalipto de su propiedad, que fue realizada el pasado 28 de julio. La denuncia fue presentada ante la Comisaría 104ª de la zona.

El representante legal de Plangger, Pedro Czeraniuk, indicó que todo el avance en la investigación estuvo a cargo de la representación de la víctima. Según el abogado, lograron demostrar documentalmente, con registros de instituciones del Estado como el Indert y Catastro, que no hubo superposición de títulos.

Entretanto, la familia del empresario se encuentra resguardada ante posibles represalias e, incluso, analiza la posibilidad de vender toda su empresa para migrar.

El representante lamentó la impunidad con la que operan estos supuestos esquemas en detrimento de inversionistas, incluso en contra de lo que pregona el presidente de la República, Santiago Peña, cuando dice que el país está abierto a inversiones.