Representantes de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) expusieron ante la ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, las dramáticas implicancias en el empleo que está teniendo la deuda del Estado con el sector de la construcción, donde solamente en el último semestre se perdieron cerca de 20.000 empleos directos, tras una caída progresiva que se viene registrando desde el año 2021.

Según explicaron a través de un pronunciamiento, la pérdida alcanza a trabajadores de todos los niveles de formación. En tal sentido, los empresarios lamentaron que en los últimos meses hayan perdido a profesionales formados dentro de sus empresas por no poderlos retener.

En suma, el aporte al Instituto de Previsión Social (IPS) por todos los empleos directos e indirectos generados por el sector de la construcción, se ha visto disminuido, sin dejar de mencionar el atraso en sus propios compromisos financieros en que han tenido que incurrir algunas empresas, por causa de la gigantesca deuda de casi US$ 400 millones del Estado.

MOPC y Economía ponen en duda deuda de US$ 400 millones a vialeras y piden que Contraloría audite

Mientras tanto, el Gobierno pone el duda el monto adeudado a las empresas y el pago total recién se completaría en febrero del próximo año. Justamente, la ministra del MOPC, Claudia Centurión, y el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, informaron la semana pasada, en conferencia de prensa, que pidieron a la Contraloría General de la República (CGR) la revisión de la deuda con las vialeras. La ministra Centurión informó que, por indicaciones del Ejecutivo, pidieron al ente contralor la realización de una auditoría de control de esta deuda, atendiendo a que llama la atención el millonario monto adeudado, que no está acorde al presupuesto anual de Obras Públicas. Los compromisos afectan a la administración de Arnoldo Wiens y Rodolfo Segovia frente al MOPC.

MOPC debe US$ 80 millones solo en intereses a contratistas

Por otro lado, Valdovinos había señalado que la cartera a su cargo ya presentó un proyecto de ley para el pago de estas deudas, cuya totalidad se estarían pagando recién en febrero del próximo año. Este plan busca un endeudamiento de US$ 600 millones para el pago de la deuda con las constructoras y las farmacéuticas.

Los gremios del sector de la construcción consideraron importante “poner a conocimiento del Ministerio del Trabajo, que se está al borde de un problema social de grandes dimensiones, si el Estado no se pone al día con el sector a la brevedad”.

Insistieron en que hay empresas que están siendo “devoradas” por los intereses que conllevan las cesiones de deuda que se hicieron en su momento, debido a la urgencia de responder a los compromisos financieros con proveedores, mientras se aguardaban los pagos por parte del Estado. Esto implica, que, si el Estado difiere el pago de intereses para más adelante, el nivel de criticidad seguirá siendo el mismo.

Los intereses por los retrasos en los pagos a la vialeras ya estaría llegando a más de US$ 80 millones hasta la fecha. Este monto sube US$ 3,7 millones de dólares por cada mes de retraso.