La medida afecta a Romatsa, el organismo encargado de la gestión del tráfico aéreo en el país, que fue notificado del embargo cautelar de sus cuentas como parte de una ejecución destinada a recuperar los importes fijados por una sentencia judicial previa en Bélgica, explicó el primer ministro rumano en funciones, Ilie Bolojan.

"Romatsa operará sin problemas en el futuro. La vigilancia y la gestión de los vuelos en territorio rumano no se verán afectadas", afirmó el primer ministro en una rueda de prensa, en la que indicó que las negociaciones para encontrar un arreglo con la farmacéutica continúan.

Bolojan no mencionó la suma de dinero afectada por el embargo de las cuentas de este jueves.

El embargo se debe a una sentencia que obliga a Rumanía a asumir el pago de las dosis de vacunas contra la COVID-19 que habían sido encargadas durante la pandemia, pero que al final no fueron utilizadas.

El conflicto se remonta a 2023, cuando Pfizer inició acciones legales contra el Estado rumano alegando incumplimiento contractual en la compra de vacunas.

Un tribunal de Bruselas dio la razón a la farmacéutica el pasado abril y obligó a Bucarest a pagar casi 29 millones de dosis pendientes, junto con intereses y otros costes asociados.

La compañía ha puesto en marcha procedimientos de ejecución en distintos países europeos y ha contratado a representantes legales para hacer efectivas las reclamaciones derivadas del fallo judicial.

El Gobierno rumano ha anunciado que impugnará la medida ante los tribunales belgas.