El Juzgado Penal de Garantías del 5° Turno de Villarrica resolvió admitir la acusación presentada por el Ministerio Público y disponer que el expediente sea remitido a un Tribunal de Sentencia, que deberá determinar en la etapa de juicio la responsabilidad o no del acusado.

La causa es por presunta comisión del hecho punible de abuso sexual en niños, previsto en el artículo 135a del Código Penal, en concordancia con las disposiciones relativas a la autoría y al hecho punible cometido contra una persona especialmente vulnerable.

La acusación había sido presentada inicialmente por la fiscala Noelia Soto. Durante la audiencia preliminar, el fiscal coadyuvante Carlos Medina, en representación del Ministerio Público, se ratificó en el requerimiento conclusivo y solicitó la admisión de las pruebas ofrecidas y la apertura del juicio oral.

La querella adhesiva, representada por la abogada Rosana Figueredo, también se ratificó en su acusación y en los elementos probatorios ofrecidos, además de acompañar el pedido para que la causa avance a la siguiente etapa procesal.

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Una audiencia que llegó después de siete suspensiones

La apertura a juicio se produce después de una prolongada serie de inconvenientes procesales. La audiencia preliminar había sido suspendida en siete oportunidades antes de que finalmente pudiera desarrollarse.

Entre los motivos que habían generado las postergaciones se encontraron incidentes relacionados con la representación legal del acusado y sucesivas inhibiciones de magistrados que intervinieron en el expediente.

Uno de los conflictos se originó con la intención del abogado José David Bogado Lisboa de asumir la defensa del acusado. Su intervención derivó en planteamientos sobre algunos magistrados y provocó sucesivas derivaciones del expediente.

El juez Marcelo Ramírez había planteado inicialmente su inhibición, mientras que posteriormente también se produjo la inhibición del juez Derlis Duarte Rolón. El caso llegó incluso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se analizó una controversia vinculada con la inhibición de un integrante del Tribunal de Apelación del Guairá.

La Corte finalmente dejó sin efecto esa inhibición al considerar que no se habían expuesto de manera concreta las circunstancias que justificaban el apartamiento del magistrado. El pronunciamiento permitió destrabar uno de los incidentes que impedían avanzar con la audiencia preliminar.

La última suspensión se había producido por una superposición de audiencias de la fiscala Noelia Soto, quien tenía fijada para la misma fecha otra diligencia correspondiente a un juicio oral.

Acusación deberá ser debatida en juicio

Tras resolver los planteamientos, el juzgado verificó el cumplimiento de las garantías procesales y constitucionales y admitió la acusación presentada por el Ministerio Público.

La resolución dispuso que la causa sea elevada a juicio oral ante un Tribunal de Sentencia Colegiado. Será en esa instancia donde deberán producirse y debatirse las pruebas admitidas y donde se determinará la responsabilidad penal del acusado.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la Fiscalía sostiene que los hechos denunciados habrían comenzado en marzo de 2021, cuando la presunta víctima tenía 13 años, y se habrían extendido hasta 2023.

Para sustentar su acusación, el Ministerio Público incorporó durante la investigación declaraciones testimoniales, informes psicológicos, estudios médicos forenses y otros elementos que considera relevantes para sostener su hipótesis del caso.

El acusado permanece en prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, según los antecedentes de la causa.