El proceso de implementación de los decretos 5306 y 5307, que establecen tarifas, y sus plazos a las beneficiarias quedó en cuarto intermedio el lunes último en busca de una “implementación ordenada, gradual y consensuada” de estas herramientas informaba ese día la agencia oficial IP.

Ese lunes, las partes de la controversia (MIC, Mitic y ANDE, por un lado, Unión de Ingenieros de la ANDE, Sitrande, Sipra y Aproande por el otro, acordaron también, durante el cuarto intermedio, instalar una mesa técnica, la que trazará, en definitiva, el camino a seguir o que develará que una vez más se trata de un mero recurso de distracción.

Un grupo de especialistas del sector, que pidieron el anonimato, dijeron a nuestro diario que la discusión sería muy simple si las dos partes responden a las siguientes preguntas:

1).- Cuál es el costo real de de generación de ANDE).

2).- Qué cantidad de energía tiene disponible del país y actualmente la ceden.

3) .- De que manera se podrás optimizar la valoración de la energía que cedemos.

4).- Cómo repondremos la generación actual por otra nueva, con qué costo y en qué tiempo.

5).- Las inversiones en esas instalaciones supearán los montos recibidos por cesión

7.- Cómo afectará las finanzas de la ANDE.

La primera defensa pública de los decretos en cuestión la hizo el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, quien sostuvo que los decretos son la mejor opción para dejar de ceder nuestro excedente al Brasil..

Añadía que el costo de generación de la ANDE es de US$ 27,7, valor puesto en duda por nuestros informantes, razón por la cual piden el sinceramiento de la ANDE al respecto.

A su turno, el presidente de la empresa eléctrica estatal, Ing. Félix Sosa decía que nuestro país debe avanzar hacia un mayor aprovechamiento interno de su energía y no limitar su estrategia a las binacionales”, tal vez quiso decir, dejar de destinar su excedente en las binacionales a la cesión a sus socios Brasil y Argentina.

Los cuatro sindicatos de la ANDE, mencionados, en nota a la CGR apuntaban las posibles secuelas de los decretos: riesgo de perjuicio patrimonial, vulneración del marco legal, riesgo de subsidios, cruzados implícitos. Afectación de la sostenibilidad del sistema y comprometer la seguridad energética y el equilibrio económico en el largo plazo.