“Estamos tramitando ante el Tribunal Electoral una apelación contra una medida de la jueza electoral Catalina Barán, que impide al PLRA tener apoderados durante las elecciones del domingo en todo el departamento de Itapúa”, sostuvo la abogada Cristina Ortigoza, representante departamental del PLRA. La apelación es impulsada por la vía del trámite de riesgo, porque se requiere que se resuelva en tiempo perentorio, antes de las elecciones del domingo.

La profesional no descartó que la medida judicial adoptada por la jueza electoral esté “contaminada” de algún interés político, pues si bien la impugnación contra la acreditación de los apoderados del PLRA promovida por la ANR es en todo el país, en otras circunscripciones electorales la acción fue desestimada, mientras que en Itapúa sí tuvo aprobación por parte de esta jueza electoral.

El PLRA tiene todo el derecho de estar presente en estas elecciones con sus apoderados, esto lo garantiza la ley electoral en su artículo 187, que señala taxativamente que “… en cada local de votación podrán ser habilitados dos apoderados titulares y dos suplentes por cada partido, movimiento político o alianza que haya presentado candidaturas…”.

En este caso, sostuvo la abogada Ortigoza, el PLRA integra la Junta Cívica, tiene representantes en esa instancia de organización electoral, pero llamativamente sus apoderados no fueron acreditados para el día de las elecciones, lo que puede tener un impacto negativo en cuanto al control del proceso de votación y en consecuencia en la transparencia de las elecciones.

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La función de los apoderados es estar presentes y controlar la correcta conformación y habilitación de las mesas electorales, examinar el desarrollo de las operaciones de votación y de escrutinio, formular reclamos y protestas, entre otros, durante la jornada de votación.

Con la apelación interpuesta por la apoderada del PLRA la jueza debe remitir el expediente al Tribunal Electoral para que se resuelva. Los activistas del PLRA permanecen expectantes, y montaron una vigilia frente al local del Tribunal, ubicado sobre la avenida Caballero, entre las calles Juan León Mallorquín y Mcal. Estigarribia.

Para el candidato a diputado por la Concertación, Nelson Ríos (PLRA), la decisión de la jueza electoral Catalina Barán no hace sino “enturbiar” el proceso eleccionario, y contradice la transparencia que debe primar en unas elecciones. No descartó que la medida judicial responda a intereses políticos.

“No le veo el sentido a que impida la presencia de unos apoderados, cuando los mismos están habilitados por la ley, atendiendo a que el Código Electoral establece que los partidos, movimientos y alianzas pueden tener apoderados en los locales de votación”, señaló.

Medidas como la adoptada por la jueza no favorecen a la transparencia que debe existir en unas elecciones. Cuanto mayor control, más garantía de transparencia y legitimidad del proceso, añadió.