Este periodo legislativo 2018-2023 que está por culminar estuvo marcado por una mayoría propia colorada integrada por 43 diputados, que hizo un juego de tira y afloje como oposición y oficialismo, supo unirse para salvar a nefastos personajes políticos afines al Partido Colorado. En esta Elecciones Paraguay 2023 se verá si la ANR mantiene este dominio.

Elecciones Paraguay 2023, en vivo: TSJE comparte video instructivo de mesas accesibles

Sobre todo, la bancada cartista (Honor Colorado), que llegó a aglutinar a 27 de los 43 colorados, encontró aliados entre los oficialistas y entre los liberales (sobre todo llano-cartistas) para frenar intentos de juicio político, intervenciones y proyectos que afectaban a los intereses de su líder, el expresidente Horacio Cartes.

Los colorados unidos sostuvieron en dos ocasiones al gobierno de Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez, salvándolos de ser destituidos vía juicio político.

El primero se planteó en el 2019 tras el escándalo del “acta entreguista” de Itaipú firmado con Brasil, por el cual se pretendía pagar más por el precio de la energía utilizada por nuestro país, pese a que históricamente Paraguay entregó su excedente al Brasil a precio irrisorio.

La segunda ocasión fue durante la pandemia de covid-19 y los escándalos de supuestos hechos de corrupción, donde una vez más salvaron a los dos del Ejecutivo.

En el caso de Velázquez, hubo una tercera, ya que impidieron que sea echado tras ser designado “significativamente corrupto” por el gobierno de los Estados Unidos de América.

En lo que refiere a los cuatro intentos de juicio político contra la exfiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, el cartismo fue siempre obediente y logró sumar “satélites” del oficialismo y de los liberales, para evitar la destitución.

La oposición, junto a colorados oficialistas, lograron en el último periodo una mayoría que permitió desalojar de la mesa directiva a los cartistas y evitar que cometan atropellos, como rechazar el “Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco”, entre otros varios temas urticantes para HC.

Protegieron hasta lo último a sus pares

Tres legisladores electos en 2018 ya no están en el cargo, pero solo uno de ellos fue echado por sus pares. Todos ellos fueron apañados hasta lo último, por el corporativismo que existe en la Cámara Baja, a diferencia de lo que ocurre en el Senado.

En agosto de 2018, había sido salvado de la pérdida de investidura por sus correligionarios el diputado José María Ibáñez (ANR) pese a haber admitido “uso indebido de influencias” en el caso conocido como “Caseros de oro”. Sin embargo, tras una fuerte presión ciudadana, ola de escraches y el pedido del mismo presidente de la República, se vio obligado a dimitir al cargo.

El exdiputado Carlos Portillo (PLRA), que pretende volver el próximo periodo como diputado por Alto Paraná, sorteó una serie de escándalos con audios filtrados, donde se lo escucha presuntamente negociar pagos a cambio de influir en causas judiciales, así como operar para ubicar a recomendados en cargos estatales. Finalmente, por el caso de los cargos, se dio su pérdida de investidura el 12 de mayo de 2021, y es el único echado por sus pares.

El caso tal vez más grave, y que paradójicamente tampoco terminó en expulsión, fue el del diputado Juan Carlos Ozorio (ANR, oficialista), actualmente preso y procesado por el caso “A Ultranza Py”.

Ante el aluvión de pruebas en su contra, en el marco del hasta ahora mayor operativo en nuestro país contra el lavado de dinero fruto del narcotráfico, Ozorio terminó presentando renuncia el 2 de marzo del año pasado.

Otro hito negativo en Diputados fue la manera en que defendieron y apañaron al diputado Ulises Quintana (ANR, HC), procesado como presunto cómplice de narcotráfico y otros delitos junto con Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña.

Para evitar echarlo, le concedieron “permiso” para guardar reclusión, hasta que inclusive volvió y retomó su banca. Situación repetida en el caso del procesado Miguel Cuevas (ANR, oficialista).

Tampoco terminan el periodo por fallecimiento a consecuencia de problemas de salud: Robert Acevedo (PLRA), Salustiano Salinas (PLRA) y Ramón Romero Roa (ANR).

Con sospechas de sobornos

Esta generación de diputados que se retira, en su gran mayoría y salvo honrosas excepciones, lo hace con la graves denuncias encima del Gobierno de los Estados Unidos de supuesto cobro de sobornos para votar a favor o en contra de proyectos de interés del expresidente declarado “significativamente corrupto” Horacio Cartes.

El 26 de enero pasado, el Gobierno de los Estados Unidos amplió con sanciones económicas el castigo a los “significativamente corruptos” Cartes y Hugo Velázquez (ANR, oficialista), pero también señaló indirectamente a legisladores paraguayos de recibir sobornos por votar según dictaba HC.

Estados Unidos sostiene que Horacio Cartes “mantuvo su control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo pagados a legisladores leales; los pagos oscilaron entre US$ 5.000 y US$ 50.000 por cada miembro. Cartes aseguró la efectividad de este esquema cancelando los pagos a los legisladores que no cumplieron sus órdenes”.

A raíz de esto, en Cámara de Diputados se presentó un pedido de pérdida de investidura contra 31 diputados cartistas y liberales llanistas, sospechados por sus votos de ser los “torcidos” por HC.

De los 80 diputados, 46 se opusieron al proyecto, mientras el resto se abstuvo y apenas 4 votaron a favor. Únicamente se aprobó una resolución “instando” a Fiscalía a investigar, lo cual hasta ahora no ocurrió.

Varios castigados no vuelven

Ya en las internas de diciembre del año pasado, el electorado supo pasar factura a diputados cuestionados, sobre todo dentro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Los casos más visibles son los de los diputados llano-cartistas Enrique Mineur y María de las Nieve López, que fracasaron rotundamente en su plan de seguir otro periodo. El motivo sería que durante casi todo el periodo votaron más disciplinadamente a favor de Honor Colorado incluyendo a varios cartistas.

En el caso de Mineur, había apuntado al Senado, pero no ingresó. López, por su parte, buscó el rekutúu pero tampoco logró convencer a sus correligionarios.

En el caso del también cuestionado diputado Celso Maldonado (PLRA), que también en gran parte del periodo votó con el cartismo, dejará la banca pero pretende que lo sustituya su hija, la concejala de Luque Belén Maldonado (PLRA).

Entre los colorados, también destaca el caso de Éver Noguera (ANR, oficialista), que en junio finalmente perderá sus fueros y tendrá que enfrentar a la justicia.

Noguera había sido salvado del desafuero por sus correligionarios, lo que impidió que sea investigado a la par del senador Rodolfo Friedmann (ANR, oficialista) por el caso de presunto desvío de fondo de la merienda escolar cuando este último era gobernador del Guairá.

Prontuario por el rekutu

Cristina Villalba (ANR, HC), “la Madrina” de Vilmar Acosta. Dijo que prefiere que las madres den maní molido a sus hijos antes que recibir fondos de la Unión Europea.

Raúl Latorre (ANR, HC), investigado por presunto desvío de combustible cuando dirigía el SEME. Leal cartista que votó siempre para proteger a cuestionados.

Nazario Rojas (ANR, HC) dijo para defender a corruptos ante el pleno: “Nosotros los colorados comemos nomás luego la plata, pero ustedes quieren comer también”.

Avelino Dávalos (ANR, HC) “pecheó” en un acto a Santi Peña por cargos para los que no sean electos. Sigue congelada la Investi- gación a su gestión como gobernador.

Esteban Samaniego (ANR, HC) posee dos pedidos de desafuero congelados en la Cámara relacionados a hechos de violencia (lesión y violación de domicilio).

Rocío Abed (ANR, HC) es defensora de Cartes y dijo: “Yo le muevo la colita ahí cuando le veo a don Horacio porque me compró, conquistó mi corazón con cariño y liderazgo”.

Walter Harms (ANR, HC), otro de los incondicionales a Cartes. Reconoció haber recibido “ayuda económica” de HC, aunque dijo que su lealtad no se debe a eso.

Néstor Ferrer (ANR, HC) no tuvo una gestión muy productiva y su rol principal fue votar con el cartismo para defender a cuestionados.

Miguel del Puerto (ANR, HC) votó a favor del blindaje de todos los cuestionados (Hugo Javier González, Sandra Quiñónez, Antonio Fretes y otros).

Carlos Núñez Salinas (ANR, oficialista) admitió culpa en caso de contrabando para lograr la suspensión condicional del procedimiento y mantener su banca.

Jazmín Narváez (ANR, oficialista). Su padre es dueño de gasolineras, que fueron beneficiadas con el precio subsidiado de combustible de Petropar.

Roberto González (ANR, oficialista). Gran parte de su parentela (hermano, hijos y yerno) está ubicada en privilegiados cargos con altos salarios.

Hugo Ibarra (ANR, oficialista) se alineó a sus correligionarios para salvar de la intervención en Central al cartista Hugo Javier González, quien está procesado.

Manuel Trinidad (PLRA) es un cuestionado exjuez de Alto Paraná, que pese a tener varias denuncias del gremio de abogados no ha sido investigado.

Rodrigo Blanco (PLRA) fue denunciado por el senador Pedro Santa Cruz por supuesto “apriete” a fiscales y jueces desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Andrés Rojas Feris (PLRA) denunció amenazas de un narco peruano que le reclamaba el pago de un cargamento de droga, con el cual dice no tener relación.

Los cuestionados aspirantes que buscan una banca

Luis Guillén (ANR, HC), candidato a diputado por Amambay, fue abogado de conocidos narcos ahora presos en Brasil y operó para liberación de sicarios.

Rubén Rousillón (ANR, oficialista) tuvo cuestionada gestión como gobernador de Presidente Hayes y estuvo investigado como “cómplice” de Óscar “Ñoño” Núñez.

Digno Caballero (ANR, HC) pretende sustituir a su esposa, la cuestionada diputada Blanca Vargas. Digno tuvo varias denuncias durante su gestión como intendente.

Enzo Cuevas (ANR, oficialista) pretende “heredar” la banca de su padre, Miguel Cuevas, que está procesado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

Christian Samaniego (ANR, oficialista) busca mantener la casta del clan Samaniego. Es sobrino de Lilian y Arnaldo Samaniego. Tiene varios parientes en el Estado.

Domingo “Mino” Adorno (ANR, oficialista) es señalado por graves irregularidades en su gestión como gobernador de Alto Paraguay.

Ezequiel Ramírez Barreto (ANR, HC) es apadrinado por Erico Galeano, acusado por el senador Derlis Osorio de pedir plata para ayudar al prófugo Sebastián Marset.

Leonardo Saiz (ANR, oficialista) acusado por su tío, el narco Teodoro Saiz, de ser el responsable si algo le pasaba. Teodoro fue asesinado por sicarios en 2019.