En una audiencia excepcional solemne emitida en directo, el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Mattias Guyomar, leyó la sentencia que fue particularmente dura con la acción de la justicia turca contra Kavala.

Sobre todo, Guyomar insistió en que el demandante, presentado como activista de los derechos humanos, debería ser liberado "lo más pronto posible".

Los jueces europeos insistieron en que en aplicación de este dictamen, Turquía debería restituir a Kavala la situación en la que estaba antes de que se violara el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y eso tendría que significar en primer lugar la anulación de la condena a cadena perpetua.

En paralelo, y teniendo en cuenta los antecedentes del incumplimiento de sus decisiones anteriores, advirtieron de que si su situación se mantuviera, eso se consideraría una prolongación de las violaciones constatadas del convenio.

El TEDH considera que este caso pone en evidencia "un problema sistémico" en Turquía por las "deficiencias estructurales que afectan a la independencia y a la imparcialidad del poder judicial, en particular en casos políticamente delicados".

A ese respecto, denuncia "el mal uso de los procedimientos penales con fines contrarios a una correcta administración de la justicia, en particular mediante el uso excesivo de la detención por motivos patrióticos, las calificaciones penales amplias y los juicios sucesivos".

Para el tribunal, también es "otro problema sistémico" el recurso a la pena de cadena perpetua que a su parecer necesitaría "medidas legislativas apropiadas".

El TEDH desestimó la principal objeción que había planteado el Gobierno turco, que era que Kavala no había agotado las vías de recurso interno antes de acudir a la instancia europea.

El filántropo y empresario, que se encuentra en prisión desde el octubre de 2017, ya había sido objeto de otra sentencia del Tribunal de Estrasburgo el 10 de diciembre de 2019 en la que se estimó que Turquía había violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos por su detención provisional y reclamó su liberación inmediata.

Como esa liberación no se produjo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa intervino en febrero de 2022 para que el TEDH dictaminara (algo que hizo en julio de ese año) que Turquía estaba incumpliendo con sus obligaciones como país miembro de la organización y parte del convenio.

Pero lejos de cumplir la sentencia del tribunal europeo, la justicia turca lo había condenado en abril de 2022 a cadena perpetua, sin posibilidad de liberación condicional, por "intento de derrocar al Gobierno", en un juicio en el que otros siete activistas fueron sentenciados a 18 años de cárcel cada uno en tanto que cómplices.

Se les acusaba de haber alentado las protestas masivas de 2013 contra el poder de Erdogan que empezaron en el parque Gezi de Estambul.

En su sentencia de este martes, los jueces europeos hacen notar que se les reprochaba esencialmente "participar en debates públicos, apoyar iniciativas de la sociedad civil, divulgar información y sostener actividades relacionadas con los acontecimientos del parque Gezi".

Acciones que, recuerdan, están protegidas por los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos que defienden la libertad de expresión y la libertad de reunión y asociación.