En la antigua Esparta, los éforos eran magistrados con poder para controlar incluso a los reyes. Sin embargo, en épocas de crisis, fueron cooptados por intereses políticos y militares, convirtiéndose en operadores de decisiones arbitrarias. La justicia dejó de ser contrapeso y se convirtió en engranaje de la disciplina estatal.

En Roma bajo Tiberio y Calígula, ambos emperadores y emparentados, los juicios por traición se multiplicaron siendo utilizados como herramienta política para eliminar adversarios. Se cuenta que los jueces sometidos al emperador, sentenciaban respondiendo más al miedo que a la equidad.

Durante la Revolución Francesa los tribunales revolucionarios, creados para resguardar la República, acabaron siendo instrumentos del famoso Comité de Salvación Pública. La justicia se subordinó al poder político.

La independencia judicial ha sido considerada, desde Montesquieu en su famosa obra “El espíritu de las leyes “como columna fundamental y principal de la separación de poderes asegurando con ello no solo la libertad política y sino lo más esencial; contener, frenar el poder, estableciendo que el poder judicial debe ser independiente para que nadie esté por encima de la ley condición indispensable para la existencia de un Estado de derecho así como para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.

El Poder Judicial del Paraguay, concebido por la Constitución como garante de la legalidad y la justicia, el que interpreta la Constitución, se ha convertido, también, lamentablemente, en uno de los poderes más cuestionados de la República. El Congreso las lleva de ganar y difícilmente otro poder lo iguale al menos hoy día. Ciertamente la función del Poder Judicial de custodiar la autonomía y el equilibrio institucional ha sido abandonada por prácticas que revelan una alarmante sumisión, acatamiento y obediencia al poder político y a intereses particulares. Ejemplos los hay de sobra, citarlos ocuparía varias líneas.

La judicatura paraguaya, penosamente, se ha caracterizado en los últimos tiempos por la presencia de magistrados de escasa formación jurídica o, peor aún, de débil carácter que lo más preocupante. Jueces que, en lugar de ejercer con firmeza la independencia que la Constitución Paraguaya les otorga, se muestran complacientes y serviles ante el “mandamás” de turno, ante el poder fáctico. Esta actitud no responde al ideal de imparcialidad, sino a la búsqueda de favores y a la necesidad de conservar sus cargos, aun a costa de la dignidad institucional.

Las resoluciones judiciales, lejos de estar sustentadas en sólidos argumentos jurídicos, han derivado en arbitrariedades disfrazadas de legalidad. La constante ha sido la justicia de favores, donde las sentencias se dictan no en nombre de la ley, sino en función de intereses políticos o económicos sin descontar la celeridad cuando el poder fáctico está detrás porque si algo caracteriza a muchos jueces integrantes del Poder Judicial es la morosidad. Esto convierte al sistema judicial en un instrumento de privilegio, negando su esencia de imparcialidad y traicionando el principio republicano de que todos deben ser iguales ante la ley con lo que se daña la confianza ciudadana y convierte al Poder Judicial en una herramienta de manipulación, más que en un bastión de justicia.

El problema, porque es un problema, no se limita a los estratos inferiores de la judicatura. Jueces de Paz, magistrados de primera instancia, camaristas e incluso ex ministros de la Corte Suprema no solo han sido señalados por actos de corrupción sino de estar supeditados a poderes fácticos. Algunos de estos han enfrentado condenas, no por simples faltas administrativas, sino por su participación en redes de tráfico de influencias y negociados que comprometen la esencia misma de la justicia.

¿Qué puede decirse de jueces y magistrados que, en secreto, aparentemente se reúnen con el poder fáctico? Ese solo hecho, realizado bajo duda y en la oscuridad, constituye una traición a la transparencia y a la independencia que la justicia exige. La clandestinidad desnuda sino complicidad, subordinación lo que echa por tierra la confianza ciudadana. Es que cuando la justicia se esconde, deja de ser justicia convirtiéndose en instrumento de intereses ocultos, negando con tal cambio la independencia que, insisto, la Constitución consagra sin descontar, también, la degradación de la dignidad que debería tener la magistratura esto es la rectitud de su conciencia la que obliga juzgar con imparcialidad y sin dobleces.

¿Qué puede pensarse de jueces y magistrados que, de manera reservada, parecen reunirse con sectores de poder, en particular con el fáctico? Tal circunstancia, genera legítimas preocupaciones respecto a la independencia que la Constitución encomienda a la magistratura preservar y ello porque introduce sombras sobre la transparencia e independencia. Es que cuando la justicia se aparta de la luz pública, corre el riesgo de ser vista como instrumento de intereses ajenos, lo que afecta la independencia que, insisto, la Constitución la protege.

El sometimiento del Poder Judicial al poder político puede considerarse como uno de las mayores quiebres institucionales que ha acompañado la historia del Paraguay. En lugar de actuar como contrapeso y garante de la legalidad, se ha convertido en un brazo dócil de quienes gobiernan, de los políticos de turno que lamentablemente siempre están de turno. Esta dependencia echa por tierra la credibilidad del sistema dando pie a la perpetuidad de la impunidad por parte de jueces complacientes, pero con el poder.

La justicia paraguaya, es de evidencia, atraviesa una crisis que amenaza la estabilidad democrática. Allí donde los jueces se arrugan al poder político, la justicia se degrada en simulacro y la sociedad queda indefensa. No pretendan aquellos su estabilidad cuando su permanencia se funda en el servilismo al poder fáctico y no en la virtud de la justicia. La estabilidad debe ser fruto del mérito, de la idoneidad profesional y la rectitud, no del sometimiento.

Necesitamos jueces que no cambien al vaivén de intereses externos. Mientras los magistrados, algunos, continúen actuando como servidores de intereses políticos y económicos, y no como guardianes de la Constitución, el pueblo seguirá desamparado. Definitivamente necesitamos un Poder Judicial con valentía, formación sólida y ética firme. Sin ello, la justicia será solo fachada y el poder político la usará como herramienta de dominación, como trapo sucio y desechable.

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