Las enmiendas fueron aprobadas con 139 votos a favor y 6 en contra, sin el respaldo del partido de Orbán, el Fidesz, cuyos diputados decidieron no participar en la votación de la cámara de 199 diputados al considerar que estas reformas son una señal de la "tiranía" del nuevo Gobierno.

Ahora, el propio presidente Sulyok, que había anunciado que no dimitiría, dispone de cinco días para firmar su destitución o remitir las enmiendas al Tribunal Constitucional, una corte integrada por magistrados designados durante los gobiernos de Orbán (2010-2026), para que evalúe su posible inconstitucionalidad.

Esta enmienda forma parte de un paquete que incluye otras reformas relacionadas con el mandato de los diputados y el sistema judicial, así como con los procedimientos legislativos.

El Fidesz se opone principalmente a la destitución de Sulyok, que fue electo por el Parlamento con la mayoría absoluta de la formación de Orbán en marzo de 2024 para un periodo de cinco años.

Los políticos del Fidesz han hablado de "tiranía" en relación con las enmiendas, mientras que el líder del grupo parlamentario, Gergely Gulyás, que dimitió hoy, afirmó que "cada una de las propuestas supone un cruce de fronteras, pero todas juntas constituyen algo sin precedentes".

En el caso de que Sulyok se oponga a su relevo, los diputados de la formación gubernamental Tisza iniciarán un procedimiento de destitución, lo que supondría la suspensión inmediata de las competencias del jefe del Estado, que sería sustituido por la presidenta del Parlamento, explicó el primer ministro.

Magyar dijo hoy en el Parlamento que "sería una traición a la nación húngara no reformar la Constitución" y añadió que la esencia del régimen de Orbán era la de "subordinar las instituciones estatales y el poder legislativo a la voluntad de un sola persona", en clara alusión al anterior jefe de Gobierno.

Orbán, durante sus cuatro mandatos, desmanteló gran parte del Estado de derecho en Hungría mediante la centralización del poder, el control de la prensa y las instituciones académicas, la redacción de leyes electorales que le favorecían y la limitación de la autonomía del sistema judicial y del sistema educativo.

Magyar y el Tisza ganaron las elecciones de abril precisamente con la promesa de destituir a los altos cargos nombrados por Orbán y restaurar la plena democracia.

"Fue una votación histórica", afirmó Magyar tras la aprobación de las reformas, y agregó que el Tisza "ha pedido y ha recibido un mandato para esto" en las elecciones de abril.

Otras de las reformas adoptadas, entre otras medidas, otorgan mayor autonomía a entidades judiciales como la Oficina Nacional Judicial y el Tribunal Supremo, y fijan en 70 años la edad máxima para ser miembro del Tribunal Constitucional.

Esta medida afecta al actual presidente del Constitucional, Péter Polt, de 71 años, también leal a Orbán y que fue elegido en 2025 para un período de 12 años.

Otra reforma que generó controversia es la de limitar a 12 años, tres legislaturas completas, el máximo que una persona puede formar parte del Parlamento como diputado.