Tras la votación, los diputados de la formación de extrema derecha Chega, promotores de la iniciativa, aplaudieron de pie durante casi un minuto.

El líder de la formación, André Ventura, celebró en su cuenta de la red social X la aprobación con un vídeo del hemiciclo y un mensaje: "Quien odia nuestra cultura puede volver a su país".

En el texto aprobado, Chega hace un repaso de varios países europeos que han legislado en este sentido y asegura que en Portugal "el respeto de la dignidad de las mujeres es -por parte de quienes con frecuencia lo invocan- a menudo ignorado".

Por ello, consideran importante adoptar medidas "que no solo tiendan, de forma abstracta y objetiva, a la protección y las garantías de seguridad de los ciudadanos que se encuentran en el territorio nacional, sino que también estén dirigidas de manera específica e individual a la consecución de los principios de dignidad y respeto hacia las mujeres que deben guiar a cualquier Estado de derecho".

El proyecto de ley ya recibió luz verde en el Parlamento el pasado mes de octubre, con el apoyo de los dos socios de Gobierno, el Partido Social Demócrata (PSD) y el democristiano CDS-PP, además de Iniciativa Liberal (IL) y Chega.

Se opusieron el Partido Socialista (PS), el ecologista Livre, el Bloco de Esquerda (BE) y el Partido Comunista de Portugal (PCP), mientras que se abstuvieron el animalista PAN y el regionalista JPP.

Esta primera aprobación suscitó críticas y polémica en el país, con manifestaciones y organizaciones como Amnistía Internacional (AI) condenando la propuesta legislativa, al considerar que es "discriminatoria" y viola los derechos humanos de las mujeres que optan por usar un velo para cubrirse el rostro.

Tras más de ocho meses y negociaciones entre Chega y el oficialista PSD (centro derecha), que buscaba quitar peso a la cuestión religiosa y argumentar que se trataba de una cuestión de seguridad pública, finalmente lograron acordar un texto final.

Por otro lado, aunque el proyecto inicial planteaba una pena de prisión de hasta tres años para quienes se taparan el rostro en público, la propuesta final contempla sanciones económicas de entre 200 y 2.000 euros en caso de negligencia, y de entre 400 y 4.000 en caso de dolo.