"Usaremos una Ley de Protección de Inversiones para dejar claro que el fetiche izquierdista de las nacionalizaciones arbitrarias no es compatible con la Constitución", declaró el ministro conservador al tabloide Bild.

Según explicó Dobrindt a este medio, el proyecto de ley constará de tres elementos, el primero de los cuales pasará por establecer que las compensaciones económicas que se pagan en caso de una expropiación deben ajustarse al precio de mercado, determinado por un peritaje.

En segundo lugar, el pago de la compensación deberá realizarse en dinero y de forma inmediata.

Finalmente, se deberá demostrar la necesidad imperiosa de llevar a cabo la expropiación, aportando pruebas de que todas las otras medidas posibles -en este caso, para paliar la crisis de la vivienda- se han agotado.

La Izquierda está manteniendo contactos con el Partido Socialdemócrata (SPD) y con Los Verdes para formar una alianza que le permita gobernar en Berlín, y ha llegado con estos partidos a un acuerdo preliminar para expropiar unas 150.000 viviendas a las grandes inmobiliarias privadas.

Sin embargo, el partido proyecta que se indemnice a las empresas afectadas con aproximadamente 16.000 millones de euros, muy por debajo del precio de mercado estimado por los expertos.

Uno de los colíderes de La Izquierda, Luigi Pantisano, reaccionó a las declaraciones de Dobrindt subrayando que los ciudadanos de Berlín han apoyado dos veces la expropiación, primero a través de la consulta popular que se celebró en 2021, y después con la victoria de la formación izquierdista en las regionales de septiembre.

El Gobierno del canciller Friedrich Merz demuestra con su proceder "que los accionistas de (la inmobiliaria) Vonovia son más importantes para ellos que los inquilinos e inquilinas de alquiler en Berlín", denunció y aseguró que un proyecto de ley como el propuesto por Dobrindt seguramente sería declarado inconstitucional por la Justicia.