En su Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos identificó denuncias “creíbles” de tortura, detenciones arbitrarias, censura y uso de leyes penales para intimidar a periodistas y críticos del poder.

Según el documento, el Congreso paraguayo adoptó medidas dirigidas contra organizaciones no gubernamentales (ONG) y medios de comunicación, utilizando comisiones parlamentarias para intimidar con acusaciones falsas y amenazas de sanciones.

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El reporte indica que algunos documentos solicitados a ONG fueron filtrados y manipulados en redes sociales como supuestas pruebas de corrupción. También destaca que políticos oficialistas amenazaron con acciones legales contra periodistas que informaban sobre casos de abuso de poder y corrupción.

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Si bien el gobierno tomó medidas para sancionar a funcionarios de bajo y mediano rango, el informe sostiene que policías, militares y políticos de alto nivel gozan de impunidad.

Entre enero y agosto de 2024, la Fiscalía abrió 124 investigaciones por denuncias de tortura, sin que se registraran condenas. Destacan que casos antiguos, en su mayoría de la dictadura de Alfredo Stroessner, siguen sin resolución.

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Estados Unidos también señala denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, detenciones arbitrarias y sobornos para la liberación de personas. La prisión preventiva prolongada, la corrupción judicial y la escasez de jueces continúan como problemas estructurales.

Derechos laborales en riesgo

En el ámbito laboral, el Departamento de Estado apunta que, aunque la ley paraguaya reconoce la libertad sindical y el derecho a huelga, en la práctica las autoridades rara vez investigan o sancionan violaciones a estos derechos. Se reportaron despidos de dirigentes sindicales, listas negras y falta de protección contra represalias.

Además, persisten infracciones en materia de salarios, horas de trabajo y seguridad laboral, especialmente en los sectores de la construcción, agricultura, industria textil y trabajo doméstico.

Un 63% de los trabajadores no agrícolas opera en la economía informal, sin cobertura legal ni inspecciones, señala el Departamento de Estado.

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Otros puntos críticos

El documento también menciona la vigencia de leyes contra la difamación y la calumnia, que son mal utilizadas para inhibir el debate público, amenazas de grupos criminales a periodistas, especialmente en zonas fronterizas. Recuerdan también la persistencia del secuestro de tres personas por parte del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y sus disidencias.

Estados Unidos concluye que la falta de avances significativos en 2024 refleja “problemas sistémicos” en la protección de los derechos humanos, con un contexto de creciente presión política sobre la prensa y la sociedad civil.