"El Gobierno demostró su disposición al diálogo y alcanzó un acuerdo con representantes del transporte de carga, pero el derecho a manifestarse no puede transformarse en el derecho a obstaculizar carreteras, impedir el libre tránsito y perjudicar a miles de chilenos que necesitan trabajar y desplazarse", dijo el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

"La ley se va a cumplir y Carabineros (policía militarizada) actuará para resguardar la ley de tránsito y el orden público”, añadió en su cuenta de X.

El Ejecutivo de José Antonio Kast llegó a un acuerdo el jueves, tras intensas horas de negociación, con algunas de las organizaciones de pequeños y medianos transportistas que desde el martes mantenían bloqueos parciales en las principales autovías del país.

El pacto incluye congelar el alza de los combustibles hasta marzo del año que viene, revertir el último incremento de los carburantes que entró en vigencia el jueves (cercano a los 40 pesos chilenos para gasolina y diésel) y disminuir en otros 100 pesos adicionales el precio del diésel.

Transportistas independientes de ciudades como Temuco, Antofagasta o Santiago lo consideraron insuficiente y decidieron mantener las protestas.

Diversos tramos de la Ruta 68, que une Santiago con Valparaíso, amanecieron este viernes con bloqueos parciales.

Chile, uno de los países más largos del mundo, carece de un sistema ferroviario y prácticamente todos los traslados de carga se hacen por carretera, por lo que los bloqueos de rutas generan importantes disrupciones en las cadenas de suministro.

La crisis de los combustibles arrancó el pasado marzo, cuando Kast decidió no recurrir a un mecanismo estatal que sirve para neutralizar el impacto de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, con lo que trasladó a los consumidores todo el aumento provocado por la guerra en Oriente Medio.

Desde el inicio de la ofensiva, el precio internacional del diésel ha aumentado un 80 % y el de las gasolinas un 40 %.