Según informó a EFE el portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Pakistán, Qaiser Khan Afridi, actualmente unas 3.500 personas cruzan la frontera diariamente hacia Afganistán, triplicando la media de los cerca de 1.100 retornos diarios registrados durante el mes de junio por la ONU.

El portavoz detalló que, desde el inicio del Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales (IFRP) en septiembre de 2023, unos 2,6 millones de afganos han retornado a Afganistán.

De este total, unos 260.000 corresponden a deportaciones formales ejecutadas por las fuerzas de seguridad paquistaníes.

La nueva directiva, anunciada por Islamabad el pasado 29 de junio tras un recrudecimiento del conflicto con los talibanes, obliga a las autoridades provinciales a enviar informes diarios al Gobierno central detallando los arrestos, medidas punitivas y estatus de reubicación de los detenidos.

En pasos fronterizos como el de Chaman, familias enteras se apresuran estos días a cargar camiones con todas sus pertenencias domésticas para abandonar el país ante el temor de ser encarcelados.

El portavoz del Ministerio del Interior, Rafi Ullah, señaló que la medida busca hacer cumplir las leyes migratorias ante la creciente violencia insurgente en Pakistán, que Islamabad vincula con el régimen talibán en Afganistán. Sin embargo, las inspecciones y redadas han desatado el pánico, forzando un "retorno voluntario coercitivo" generalizado.

Los datos de ACNUR confirman que el 57 % de los afganos que han cruzado la frontera este año poseían tarjetas de Prueba de Registro (PoR), el documento oficial de refugiado.

Los afectados denuncian que la orden ha recrudecido el acoso policial, la extorsión y los desalojos forzosos. Se estima que en Pakistán quedan entre 1,75 y 1,85 millones de afganos, de los cuales casi 800.000 tienen tarjetas PoR, aunque el miedo a la detención anula esta protección.