En una rueda de prensa con dirigentes de su partido Juntos por el Perú, Sánchez recordó que, en otros casos similares al de Castillo, Perú procedió a la excarcelación y reparación.

"Cuando corresponde que ha habido una actuación arbitraria, la conducta del Estado peruano ha sido de resarcir", dijo Sánchez y remarcó que Balcázar no tiene por qué romper con esa actuación, pues "hoy está en su responsabilidad".

El excandidato, derrotado por la derechista Keiko Fujimori por un estrecho margen en segunda vuelta, pidió que se cumpla con la "soberanía" y atendiendo a "los tratados internacionales".

"Perú viene cumpliendo todo lo que ha suscrito, ha de mantener su actuación histórica, pedimos que esta vez, por acciones de odio político, que el Estado no deje de actuar como corresponde a la vigencia de los acuerdos que ha firmado", expresó Sánchez.

En tal sentido, Sánchez opinó que la Cancillería está actuando "de manera sesgada" al comentar, en un pronunciamiento público, que la opinión del grupo de trabajo de Naciones Unidas no es una "decisión jurisdiccional obligatoria" ni tiene efectos directos en el ordenamiento jurídico interno.

La precisión del Ministerio de Relaciones Exeriores se conoce después de que el abogado de Castillo, Walter Ayala, presentase un hábeas corpus que pide la libertad inmediata del exmandatario, a raíz del dictamen del grupo de trabajo de Naciones Unidas.

Consultado sobre este tema, Balcázar, que cederá el mando a Fujimori el próximo 28 de julio, declaró el viernes que "ese documento viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo de cómo se le puede dar indulto a una persona detenida", en vistas a un eventual otorgamiento de gracias presidenciales que le permitirían salir de prisión.

Por su parte, Sánchez confirmó la convocatoria de una movilización el próximo miércoles 15 de julio en el centro de Lima para pedir la liberación de Castillo, así como el pedido de justicia para "los mártires del sur", en referencia a los 49 fallecidos en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023 tras el encarcelamiento y destitución del exmandatario.

El excandidato de izquierdas participó en los comicios en representación de Castillo con la promesa de lograr su liberación; este fue condenado a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración por el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó a finales de 2022.