Tras la victoria electoral de Arévalo de León, sorpresiva según todos los analistas, el Ministerio Público entonces liderado por la cuestionada fiscal general Consuelo Porras (2018-2026) intentó, sin éxito, revertir los resultados electorales, e inició una persecución contra varios sectores, entre estos los líderes indígenas.

"El Estado, en lugar de reconocerlos y protegerlos, los criminalizó utilizando maliciosamente el derecho penal a través del Ministerio Público (Fiscalía) y del sistema de justicia", declaró este miércoles el mandatario durante un acto solemne celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura, sede protocolaria del Gobierno.

Con este acto de disculpa pública se dio cumplimiento a lo ordenado por un juzgado penal tras confirmarse en septiembre pasado el cierre definitivo de los procesos contra Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Basilio Puac y María Juana Elías, exdirectivos de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán, así como Esteban Toc, de la Municipalidad Indígena de Sololá, ambas entidades situadas en el oeste guatemalteco.

Las autoridades comunitarias afrontaron acusaciones por terrorismo, sedición y asociación ilícita promovidas en su momento por Porras, quien fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por socavar la democracia y criminalizar a operadores de justicia y líderes comunitarios de Guatemala.

Pacheco y Chaclán permanecieron 15 meses en prisión preventiva en la cárcel militar Mariscal Zavala, en la capital guatemalteca, mientras que Toc y Puac estuvieron bajo arresto domiciliario, y Elías permaneció exiliada hasta el cierre del proceso.

"Defendimos un derecho inherente al pueblo, no fue por un gobierno ni por un partido; la dignidad del pueblo no tiene precio y no se vende", expresó Pacheco durante su intervención en el acto.

Por su parte, la líder maya k'iche' María Juana Elías enfatizó la resiliencia de las mujeres indígenas y demandó que se ponga fin a la estigmatización contra los pueblos originarios.

"Fui criminalizada por ser mujer y autoridad, pero aquí estoy con la frente en alto porque defender nuestros derechos y el territorio no es un delito", aseveró Elías.

Las resoluciones judiciales dictadas el 11 y 25 de septiembre por un juez penal desestimaron la totalidad de los cargos al no hallarse pruebas de actividad ilícita en las protestas pacíficas.

El acto concluyó con el compromiso del Gobierno guatemalteco de establecer garantías para que no se vuelva a criminalizar a las autoridades comunitarias por manifestar pacíficamente, así como de promover un diálogo nacional permanente con los pueblos indígenas de Guatemala.