En una nota de orientación publicada este miércoles, el GRETA afirma que la regularización de la situación administrativa de las víctimas es un elemento esencial para garantizar su recuperación, su acceso a la justicia y su protección frente al riesgo de volver a ser explotadas.

"La regularización del estatuto jurídico de las víctimas de trata es esencial para que puedan acceder a la ayuda necesaria para recuperarse de los daños físicos y psicológicos sufridos", declaró la presidenta del GRETA, Conny Rijken, en un comunicado.

Los permisos de residencia permiten además que las víctimas permanezcan en el país para participar en investigaciones y procesos judiciales y les proporcionan "seguridad y estabilidad", añadió.

El organismo señala que el seguimiento de la aplicación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos ha puesto de manifiesto retrasos prolongados en la expedición de permisos de residencia, un número reducido de autorizaciones concedidas y requisitos administrativos que, en ocasiones, resultan excesivamente restrictivos.

Según el GRETA, las escasas posibilidades de regularizar la situación migratoria y el riesgo de expulsión disuaden a muchas víctimas de identificarse como tales o de colaborar con las investigaciones.

Las directrices recuerdan que el convenio obliga a los Estados a conceder permisos de residencia renovables cuando la permanencia de la víctima sea necesaria por su situación personal o por su cooperación con una investigación o un procedimiento penal.

Sin embargo, el organismo recomienda que ambos supuestos estén previstos en la legislación nacional y advierte de que los sistemas que solo conceden permisos a quienes colaboran con la justicia reducen a las víctimas a "simples fuentes de prueba", en lugar de reconocerlas como titulares de derechos.

El texto también precisa que no es necesario que exista una condena, ni siquiera un proceso penal en curso, para conceder un permiso de residencia. Basta con que las autoridades tengan motivos razonables para considerar que una persona ha sido víctima de trata.

Asimismo, pide que las presuntas víctimas no sean expulsadas mientras continúa su identificación y que, si ese procedimiento se prolonga, puedan obtener un permiso de residencia u otra autorización para permanecer legalmente en el país.

El GRETA considera además que estos permisos deben estar expresamente regulados por la legislación nacional, durar lo suficiente para favorecer la recuperación y la reintegración de las víctimas -seis meses sería el mínimo- y garantizar el acceso efectivo al empleo, la atención sanitaria, la educación y la vivienda.

Las recomendaciones, de carácter general, no se dirigen a ningún país concreto, aunque varias coinciden con observaciones formuladas por el GRETA en evaluaciones anteriores a distintos Estados sobre la necesidad de agilizar la regularización de las víctimas y evitar que el acceso a un permiso de residencia dependa exclusivamente de su colaboración con las autoridades.