En una declaración conjunta, difundida tras la tercera ronda de consulta 2+2 entre los ministros de Exteriores y de Riego de ambos países, El Cairo y Jartum insistieron en que su seguridad hídrica está "interconectada" y constituye "un cuerpo indivisible", por lo que defendieron la preservación de todos sus derechos y usos del agua conforme al Acuerdo de 1959.

Ambos países expresaron su rechazo absoluto a cualquier medida unilateral en la parte oriental de la cuenca del Nilo y consideraron que la presa etíope, inaugurada en septiembre de 2025, tiene "graves consecuencias" y representa una amenaza constante para su seguridad hídrica, debido a su gestión unilateral y a la ausencia de un mecanismo jurídicamente vinculante que regule su funcionamiento.

En este sentido, instaron a Etiopía a modificar su política y reanudar la cooperación conforme a los principios del derecho internacional, especialmente los relativos a evitar daños, la notificación previa, las consultas y el consenso entre los países ribereños.

La disputa por la GERD, construida por Etiopía sobre el Nilo Azul desde 2011, constituye uno de los principales focos de tensión entre los tres países: Adís Abeba considera la infraestructura esencial para su desarrollo económico y energético, mientras que Egipto y Sudán reclaman un acuerdo que regule su llenado y funcionamiento.

Las negociaciones tripartitas no han conseguido establecer un marco definitivo, pese a los sucesivos intentos de diálogo y a la declaración de principio firmada en 2015.

Egipto y Sudán subrayaron que la cuestión de la presa debe abordarse exclusivamente entre los tres países de la parte oriental de la cuenca (Egipto, Sudán y Etiopía) y rechazaron la implicación de otros Estados ribereños en esta disputa.

No obstante, destacaron las relaciones históricas entre los pueblos de la cuenca y defendieron que su posición se basa en la cooperación, el diálogo y el respeto al derecho al desarrollo de todos los países.

Asimismo, respaldaron los proyectos de desarrollo en la cuenca meridional del Nilo siempre que cumplan los requisitos técnicos y cuenten con notificación previa, consultas y acuerdos entre los Estados afectados.

La declaración destacó también el papel de la Comisión Técnica Permanente Conjunta para las Aguas del Nilo y reclamó garantizar su funcionamiento mediante apoyo técnico y logístico.