La acción extraordinaria de protección buscaba dejar sin efecto una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que sancionó con 9.000 dólares a cada activista por no subsanar observaciones formuladas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Llevaremos este caso a instancias internacionales que ya siguen de cerca lo que ocurre con quienes defendemos el Yasuní", anunció el colectivo, que calificó la decisión como una muestra de las "arbitrariedades" de la función electoral que, a su juicio, han debilitado la democracia y los derechos de participación.

"Alguna institución tiene que poner freno a este abuso. La Corte Constitucional tenía la oportunidad de hacerlo y decidió callar", continuó.

Yasunidos impulsó el histórico plebiscito en el que la mayoría de los ecuatorianos votó a favor de cesar la explotación petrolera del Bloque 43-ITT, situado en el amazónico Parque Nacional Yasuní.

Además, afirmaron que siete de las nueve organizaciones que hicieron campaña por la consulta del Yasuní han sido sancionadas por el TCE bajo el mismo criterio.

La sanción tiene su origen en observaciones formuladas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro del proceso de rendición de cuentas de la campaña del referéndum.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, presentó ante el TCE una denuncia relacionada con la presunta falta de transparencia en aportes recibidos durante la campaña, que fue desestimada en febrero pasado.

Sin embargo, Atamaint apeló la decisión y fue aceptada en abril, condenando a dos activistas a pagar 9.000 dólares cada uno.

El núcleo de la controversia gira en torno a 0,39 dólares, que, según ha dicho anteriormente Pedro Bermeo, representante de Yasunidos, correspondían al recargo bancario aplicado en el pago de una patente municipal de 10,39 dólares, un valor que fue registrado dentro de la casilla de impuestos del informe económico, pero que el CNE sostenía que debía figurar en otra categoría contable.