A iniciativa de la Comisión de Niñez, Juventud y Desarrollo de la Cámara de Diputados, ayer se desarrolló una mesa de trabajo con legisladores, representantes de la sociedad civil (médicos y estudiantes), sociedades científicas y el viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, José Ortellado, que fue encargado de llevar a la ministra de Salud, María Teresa Barán, los fuertes reclamos contra el gobierno, por plantear un proyecto sobre alimentación escolar sin consultar a los expertos del área, ni siquiera a los de su propio cartera sanitaria.

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Ortellado reconoció a los presentes de que el MSPyBS no fue consultado para el proyecto Hambre cero, que busca eliminar el desayuno y merienda escolar, para centrarse en almuerzo.

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“Ustedes son parte de instituciones gubernamentales, deberían hacer una nota y pedirle a esta gente (cartistas) que piensen lo que van a hacer, es decir, van a estar afectando a la población más vulnerable a lo tonto y a lo loco de vuelta, como muchas leyes”, reprochó la diputada Rocío Vallejo (PPQ).

Esta consideró inadmisible que en el proyecto “le ponen a Opaci, una ONG super cuestionada, y ustedes (Salud) no están ahí”.

“Que se pronuncie la ministra de Salud respecto a esto. No puede ser que el ente rector en políticas públicas en alimentación y nutrición esté ausente”, coincidieron representantes de la Sociedad Paraguay de Nutrición y la Sociedad Paraguaya de Nutrición, que a la tarde sacaron un comunicado conjunto reforzando sus reclamos.

Exigen que, además del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), se incluya en el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae) a Contrataciones Públicas y otros.

Esto hace sospechar a legisladores que lo que buscan no es centralizar la provisión de alimento, sino el millonario negocio detrás.

“¿Está ley es una que universaliza equitativamente la alimentación escolar, o es una ley que busca universalizar un modelo de negocio de alimentación escolar?”, cuestionó el diputado Rodrigo Blanco (PLRA).