La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) intervino en una finca en Boquerón perteneciente a la firma Cebolla Chaqueña por sospechas de contrabando. Se decomisaron 90.000 kilos de cebollas a un productor que anteriormente fue destacado por el propio Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) debido a su gran rendimiento productivo en las fincas, gracias al acompañamiento técnico.

Tras los cuestionamientos, la DNIT y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) realizaron un comunicado conjunto señalando que se iniciaron tras denuncias de productores nacionales sobre el presunto ingreso irregular de cebollas por la zona de Pozo Hondo.

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Aseguraron que se encontraron cargas con “llamativas inconsistencias en su origen y trazabilidad”. Agregaron que se encontraron bolsas con marcas extranjeras y otras sin logotipos ni marcas, ya sea con productos o vacíos.

Lo más llamativo de la justificación es que en el comunicado destacan que “los trabajos de inteligencia previamente realizados se pudo constatar que los vehículos involucrados en la operación salían de establecimientos no declarados, se ofrecían productos sin respaldo documental (factura) y se utilizaban documentos emitidos a nombre de terceros, lo que imposibilita garantizar la trazabilidad de la mercadería”.

Las instituciones agregaron en el mismo comunicado que estos hechos constituyen “indicios suficientes para realizar el procedimiento de incautación y posterior instrucción del sumario administrativo, donde los afectados podrán ejercer su derecho a defensa conforme a lo establecido en el marco normativo vigente”.

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Lo llamativo para muchos productores es que la DNIT considera grave el uso de documentos a nombre de terceros cuando se trata de cebolla chaqueña, pero no cuando está vinculado a autoridades nacionales.

Semanas atrás, la exfuncionaria presidencial Luz Maribel Candado reveló que pagos hechos con dinero de los “sobres” de Mburuvicha Róga se respaldaban con facturas emitidas a nombre de terceros, incluso por instrucción de la primera dama.

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Consultado al respecto, el director de la DNIT, Óscar Orué, afirmó que pedir facturas a nombre de otra persona “no constituye una irregularidad tributaria” si la factura es emitida correctamente.

Sin embargo, en el caso del productor chaqueño, la institución sostiene que ese mismo mecanismo impide garantizar la trazabilidad y justifica la incautación.