El proyecto de ley que busca crear un divorcio exprés en Paraguay sumó este miércoles nuevos aportes durante una audiencia pública convocada por la senadora Lilian Samaniego, donde magistrados, legisladores y especialistas coincidieron en la necesidad de simplificar los trámites para las parejas que desean divorciarse de mutuo acuerdo.

Sin embargo, uno de los puntos que generó mayor debate fue la propuesta de mantener la participación de abogados mediante un canon mínimo, pese a que la iniciativa pretende eliminar tasas y reducir considerablemente los costos judiciales.

La audiencia contó además con la participación de las legisladoras Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana, y Johanna Ortega, del Partido País Solidario (PPS), así como del senador Ignacio Iramain (independiente).

Hoy un divorcio cuesta G. 7.359.000, según la ley

Uno de los datos que más llamó la atención fue el expuesto por la jueza civil Viviana López, quien recordó que el costo regulado actualmente para un divorcio asciende a G. 7.359.000, equivalente a 60 jornales mínimos, conforme al régimen vigente de honorarios profesionales.

La magistrada explicó que nunca se creó un arancel específico para el divorcio y que los honorarios siguen calculándose con base en la regulación correspondiente a la separación de cuerpos.

Además, sostuvo que en la práctica muchas veces los costos son incluso superiores, llegando a representar cuatro, cinco o hasta diez veces el costo de un matrimonio. “Lo justo me parece que lo que cueste casarse, cueste divorciarse”, expresó.

Proponen que abogados sigan interviniendo con un canon mínimo

Aunque valoró que el proyecto elimine tasas y aranceles judiciales para los divorcios de mutuo consentimiento sin hijos menores ni bienes en conflicto, López consideró riesgoso eliminar completamente la asistencia profesional.

Advirtió que, de aprobarse el sistema totalmente autogestionado, podrían proliferar gestores informales que ofrezcan realizar los trámites sin brindar un adecuado asesoramiento jurídico.

Lea más: Divorcio exprés: a pedido de Lilian Samaniego postergan su tratamiento por tercera vez en el Senado

Por ello, propuso establecer un canon mínimo para que un abogado o abogada prepare la presentación inicial.

Según explicó, esa solución evitaría, además, que la Corte Suprema de Justicia tenga que desarrollar un complejo sistema informático para que cualquier ciudadano pueda tramitar el divorcio completamente por su cuenta.

La jueza recordó que actualmente incluso acceder al expediente electrónico exige crear usuarios y superar barreras tecnológicas que muchas personas todavía enfrentan.

Samaniego: “Esto no es un tema de fe, sino un derecho civil”

Durante la apertura de la audiencia, la senadora Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana) defendió el proyecto asegurando que busca resolver situaciones familiares que permanecen durante años sin solución legal.

“Este proyecto es a favor de la familia”, afirmó al recordar los testimonios recibidos tras presentar la iniciativa.

Explicó que el divorcio exprés solamente será aplicable cuando exista mutuo consentimiento, ambas partes ratifiquen su decisión ante el juez y no existan conflictos relacionados con hijos menores ni bienes.

En esos casos no se cobrarán tasas judiciales ni aranceles. La legisladora también relató que decidió postergar inicialmente el tratamiento del proyecto tras enterarse de que algunos sectores religiosos manifestaban reparos.

Contó que incluso solicitó reuniones con autoridades de la Iglesia Católica, entre ellas el cardenal Adalberto Martínez y representantes de la Conferencia Episcopal Paraguaya.

“Esto no se trata de un tema sacramental, sino de un derecho civil que habla de las libertades de las personas”, sostuvo.

Ortega rechaza mezclar el debate con cuestiones religiosas

Por su parte, la diputada Johanna Ortega expresó su respaldo a la iniciativa y consideró inconveniente trasladar la discusión al plano religioso. “Es muy preocupante que se quiera volver al debate de si esto es una cuestión contra la Iglesia o contra el matrimonio”, manifestó.

A su criterio, el análisis debe centrarse en las necesidades reales de la ciudadanía y en las modificaciones legales necesarias para responder a ellas.

Lea más: Divorcio exprés: Samaniego ajusta proyecto y enfrenta críticas del cartismo y un sector religioso

El senador Ignacio Iramain también respaldó el proyecto. Afirmó que la propuesta no debilita la institución familiar sino que facilita procesos que ya cuentan con el consentimiento de ambas partes. “De ninguna manera atenta contra la familia; al contrario, favorece a la familia porque lo que se quiere es disminuir costos”, señaló.

Reducir el trámite a una sola audiencia

Desde la experiencia judicial, la jueza Viviana López explicó que actualmente muchos juzgados ya realizan en la práctica una sola audiencia de ratificación, aunque la ley mantiene etapas que terminan demorando innecesariamente el procedimiento.

También sugirió incorporar expresamente la posibilidad de realizar esas audiencias de forma virtual para evitar que personas que viven en el interior o incluso en el extranjero deban trasladarse únicamente para confirmar su voluntad de divorciarse.

Otro de los factores que, según indicó, retrasa los expedientes es la intervención posterior del Ministerio Público, por lo que propuso que los fiscales participen directamente en la audiencia y emitan allí mismo su dictamen.

Mantener la protección de los hijos

La magistrada insistió en conservar el actual artículo 11 de la ley, que obliga a presentar un acuerdo sobre alimentos, régimen de convivencia y visitas cuando existen hijos menores. Explicó que esa disposición evita que, tras el divorcio, las familias deban iniciar nuevos procesos judiciales sobre cuestiones que pueden resolverse desde el inicio.

Las cifras

Durante la audiencia, la senadora Samaniego también presentó estadísticas de la Dirección de Estadísticas Judiciales.

Entre 2022 y 2023 se registraron 14.630 solicitudes de divorcio, de las cuales 7.823 fueron de mutuo consentimiento y 6.807 a petición de una de las partes.

En tanto, entre 2024 y 2025 ingresaron más de 15.000 nuevos juicios de divorcio, aproximadamente la mitad por mutuo acuerdo.

Además, según los datos oficiales expuestos, casi 18.000 expedientes continúan aún en trámite, una cifra que, según los participantes, refleja la necesidad de agilizar los procedimientos sin descuidar las garantías jurídicas de las familias.