La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) cuestionó a su colega liberal Líder Amarilla la presentación de un nuevo proyecto de ley sobre la universalizalización de la pensión alimentaria para adultos mayores, que unifica otros tras iniciativas sobre el tema.

Paredes considera que la presentación de plan sobre pensiones para adultos mayores se debe realizar a través de un dictamen la Comisión de Adultos Mayores y seguimiento del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Senado, cuyo titular es Líder Amarilla, y no a través de una nueva iniciativa. Incluso, la legisladora solicitó el retiro de su firma de uno de los proyectos.

Amarilla, por su parte, defendió la presentación a través de un nuevo proyecto, destacando que es la unificación de las iniciativas.

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Discutirán cómo presentarán el plan

No obstante, refirió que pese a que los senadores coinciden en el criterio sobre la cuestión de fondo, discutirán en Comisión cuál será el procedimiento para la presentación.

“Conversamos para tratar de unificar el criterio. En el criterio estamos de acuerdo. En el procedimiento, estamos viendo cuál va a ser el procedimiento más apropiado para que el adulto mayor cobre su plata lo más rápido posible”, comentó el senador.

Detalles sobre proyecto de ley para pensión de adultos mayores

Con relación al proyecto de ley, el liberal señaló que la principal intención es universalizar pensión para adultos mayores. De eso modo, los beneficiarios serán 516.000 conforme al último censo, aumentando la lista con 210.000 adultos mayores más.

Entre los criterios para selección, indicó que los que no podrán acceder son aquellos quienes perciben o tributen con dos salarios mínimos o quienes ya cuenten con una pensión del Estado.

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También puntualizó que buscan aumentar la pensión alimentaria al 50% del salario mínimo (G. 1.340.186,5) y que el procedimiento de admisión de los nuevos beneficiarios sea rápido y que en menos de un mes ya pueda estar percibiendo. Además, refirió que se evalúa reducir el rango etario de 65 a 55 años para que se incluyan unos 4.000 indígenas.

Amarilla precisó que si se aprueba una suba del 25% de la pensión en torno al salario mínimo, ello demandará unos US$ 400 millones anuales, mientras que si aumenta en un 50% será de US$ 800 millones o casi US$ 1.000 millones.