Hasta agosto del 2024, la Cámara de Diputados tenía 31 comisiones asesoras permanente a las cuales, a partir de ese momento, se sumaron otras cinco, totalizando ya 36 comisiones, es decir, casi un promedio de una comisión cada 2 legisladores.

Ya entonces, la Cámara Baja estaba abarrotada de funcionarios y se tuvieron que inventar espacios para instalar físicamente estas comisiones, o que algunas compartan oficina.

La cuestión se justificaría si demostrasen su valía en cuanto a productividad, lo cual está muy lejos, al menos en una decena de comisiones, llegando a extremos absurdos como el de la Comisión de Prensa, Comunicación Social, Artes y Espectáculos, presidida por el diputado Rubén Rubín (Independiente), que apenas sesionó una vez en los últimos seis meses.

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La misma está copada por cartistas, que son quienes realmente inclinan la balanza para dar quorum y permitir el debate, ya que, además de Rubín, la diputada Alexandra Zena (Cruzada Nacional) es la única disidente entre los cartistas Jazmín Narváez, Rocío Abed, Yamil Esgaib, Néstor Castellano y Germán Solinger.

En estos últimos seis meses los miembros de esta comisión solo emitieron dos dictámenes, solo superado por la Comisión de Protección y Bienestar Animal, que apenas emitió un dictamen.

Entre las comisiones menos productivas aparecen varias que se consideran claves, como la de Asuntos Constitucionales y la de Justicia, Trabajo, y Previsión Social.

La de Asuntos Constitucionales, desde junio pasado, apenas tuvo quorum en 4 sesiones, es decir, menos de una sesión por mes.

En este caso, los presentes suelen ser siempre los mismos: los diputado Roberto González (ANR, Añetete), Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A) y el presidente, el cartista José Rodríguez.

En relevancia, la de Asuntos Constitucionales es una de las más importantes, equiparada solo por la Presupuesto, sin embargo, pocas veces logran el quorum. En producción al menos han logrado 21 dictámenes, lo que los deja “a mitad de tabla” en cuanto a resoluciones remitidas al pleno.

La poca productividad de las comisiones también permite hacer énfasis en los temas a los cuales los legisladores le dan énfasis y cuales prefieren ignorar.

Entre los que menos mueven a los legisladores para ir a sesionar se encuentran la de Defensa de los Derechos de las Personas con discapacidad; Protección y Bienestar Animal; Control y Seguimiento de Inversión de Empréstitos, Donaciones y Emisión de Bonos; la de Pueblos Indígenas y la de Deportes.

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Es decir, relegan generalmente las comisiones de carácter social, mientras que las más asiduas y “productivas” son las que tienen injerencia en cuestiones presupuestarias, como la de Presupuesto y la de Cuentas y Control.

Conste que en esta última la labor de los opositores se ve muy limitada, ya que los cartistas han frenado intentos de convocatoria a autoridades del Gobierno, pese a que el rol fundamental de la comisión es de controlar el uso del dinero público y la gestión de las autoridades, y hasta es el vínculo legislativo con la Contraloría General de la República.

Este nivel de “rabonerismo” es aún más indignante si se tiene en cuenta que la Cámara de Diputados admite la virtualidad para participar de las sesiones de comisiones.

Es decir, a diferencia de la mayoría de los ciudadanos que están obligados a asistir diariamente a su trabajo, a los diputados se les permite conectarse desde donde estén, pero aún así a varios de ellos les gana la raboneada.

El reporte oficial de Diputados también hace un supuesto “registro de asistencia”, que en realidad está maquillado.

Según la Cámara Baja, la asistencia en este último semestre es del 88,18%, mientras que el ausentismo es del 11,82%, sin embargo, la realidad es que en la mayoría de la sesiones no se agotan los puntos del orden del día puesto que quedan sin quorum a media sesión.

Es decir, el registro se hace en base a los legisladores que marcan presente en algún momento de las 30 sesiones (ordinarias y extraordinaria) del semestre pasado, pero no se tienen en cuenta los que se retiran antes de tiempo o los que desaparecen en el trascurso de los debates.

La raboneada en la Cámara de Diputados es un lujo caro que lo costean todos los ciudadanos. Los legisladores cobran al mes G. 37.900.000, gracias al último autoaumento que se asignaron a finales de 2024. A esto hay que sumarle millonarios salarios de “directores”, “jefes de departamento” y “asesores” de comisiones.

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Asistir a las comisiones (lunes) y a las sesiones ordinarias (martes) constituye la única “obligación” que tienen los diputados que, por lo general, a partir del miércoles ya viajan a sus departamentos.

La improductividad en las comisiones también es onerosa, puesto que el cargo de “Director de Comisión” conlleva un cobro mensual que asciende a G. 20.029.000.

A estos hay que sumarle a los “mandos medios”, donde dependiendo del peso del legislador, un asesor puede cobrar cerca de G. 11.000.000, mientras que un “Jefe de departamento” de comisiones tiene una asignación mensual de G. 12.927.700.

Eso sin contar los funcionarios “rasos”, que son los que por lo general hacen el trabajo pesado y real en las comisiones.

Solamente contando un director, un jefe de departamento y un asesor (aunque pueden ser muchos más), mantener una de estas comisiones cuesta alrededor de G. 32.956.700 al mes.

Si esto se multiplica por las 36 comisiones que hay, implica un desangre de G. 1.186.441.200 al mes que salen del bolsillo del contribuyente.

Un capítulo aparte es la productividad de cada legislador, donde los parámetros también son engañosos, ya que se suelen inflar mediante pedidos de informes o bien, sumándose a firmar proyectos de otros colegas.

De hecho, la comisión asesora permanente “más productiva” en cuanto a dictámenes es la de “Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción”, con 719 dictámenes.

Por lo general, estos se aprueban sin mayor análisis, salvo los pedidos de informe que molestan al cartismo, los que normalmente son remitidos a comisión y cajoneados allí eternamente.

Una “víctima” predilecta del cartismo para trancarle pedidos de informes durante este periodo fue el diputado liberal, Diosnel Aguilera (PLRA, C), a quién le denegaron varios pedidos de informe sobre su departamento, Ñeembucú, por el solo hecho de ser feudo del vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

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Otros temas que también se volvieron “tabú” e intocables son los relacionados al uso de dinero de las entidades binacionales.