Se trata del proyecto de ley “que modifica el artículo 41 de la Ley Nº 1286/98, Código Procesal Penal (tribunales de sentencia)” del diputado aliado cartista Édgar Olmedo (ANR, B) que figura como 5º punto B del orden del día del próximo martes 16 y que levantó –por riesgo de impunidad– las alertas tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Fiscalía.

Reflotan ley de “blanqueo exprés 2.0” en Diputados

La ley actualmente establece que Tribunales unipersonales, que actualmente tienen competencia en “la sustanciación del juicio por hechos punibles cuya sanción sea exclusivamente pena de multa o privativa de libertad hasta dos años, cuando el Ministerio Público lo solicita”, sin embargo, plantean aumentar sus facultades para hechos punibles con expectativa de pena de hasta 5 años de prisión.

Corte advierte que reformas penales de cartistas favorecerían a criminales

Actualmente para casos donde la expectativa de penas es mayor a dos años, deben intervenir Tribunales de Sentencia (con tres miembros), y lo grave es que la mayoría de los hechos punibles en dicho rango son los de corrupción pública.

Concretamente, esto permitirá que por ejemplo, un único juez (Tribunal unipersonal) pueda beneficiar con medidas como la suspensión condicional del procedimiento en casos como estafa y apropiación, entre otros tantos casos.

Ya en audiencia pública, la CSJ a través de la coordinadora de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia, Silvana Luraghi, había advertido que la situación es aún más grave, ya que un solo magistrado no tiene la posibilidad de analizar el enorme caudal probatorio que conllevan sobre todo los delitos contra el erario público.

Además evitarían que las causas eviten ser juzgadas por el fuero especializado de delitos económicos y anticorrupción.

A esto hay que sumarle que aumenta el riesgo de corrupción, ya que es más fácil para un procesado encontrar un solo juez corruptible o afín, que tres.

La Fiscalía, aunque con menos contundencia, también advirtió su cuestionamiento hacia la iniciativa, afirmando que si bien supuestamente pretende atacar la mora judicial, finalmente podría generar un mal mayor.

Esto puesto que según Olmedo, la mora en parte se debe a que los Tribunales de Sentencia tardan más en integrarse que uno unipersonal.

“Una reforma limitada al cambio de competencia, sin una revisión integral de la cultura jurídica y los recursos del sistema judicial podría no lograr la eficacia deseada y la ampliación de competencia podría resultar ineficaz para mejorar la confianza ciudadana en la justicia”, señala el dictamen del Ministerio Público.

Incluso con la ley vigente, varios políticos han logrado beneficiarse con la suspensión condicional del procedimiento, admitiendo sus delitos tras ser pillados y pagando miserables “reparaciones del daño”.

Entre los casos más recordados están los de dos exdiputados colorados implicados en casos de “caseros de oro”: Tomás Fidelino Rivas y José María Ibáñez.

En el caso de Rivas, pese a que sus “caseros de oro” fueron condenados, el político con la complicidad del entonces presidente de Diputados y actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana (ANR, HC), acordó devolver lo cobrado irregularmente y que termine ahí. En 2024, fue a juicio tras apelación, pero el Tribunal ratificó el blanqueo.

Caso similar (caseros de oro) ocurrió con el exdiputado José María Ibáñez, quien no obstante se vio forzado a renunciar a su banca a consecuencia del escándalo, pero zafó de las consecuencias penales a cambio de una donación en concepto de reparación.